LAS CAJAS DE AHORRO: UN MODELO DIFERENTE PARA EL SISTEMA FINANCIERO Y PARA LA OBRA SOCIAL

Las cajas de ahorro surgieron a finales del siglo XVIII en Alemania e Inglaterra, como un instrumento de mejora de las condiciones de vida de las clases trabajadoras, a través de la remuneración del ahorro. En dichos países la reforma protestante supuso el rechazo al planteamiento de los montes de piedad que habían surgido en Italia en el siglo XV a iniciativa de los franciscanos. Éstos otorgaban préstamos prendarios para satisfacer las necesidades más elementales, inicialmente sobre la base de limosnas y donativos.

En cambio, en España las cajas de ahorro surgieron recién casi a mediados del siglo XIX, con el fin de luchar contra la usura y en el marco de una sociedad muy castigada por la guerra de la independencia. No obstante, a diferencia de sus predecesoras, casi siempre surgieron a partir de los montes de piedad que ya existían o fueron creados al mismo tiempo. De este modo, sus principales objetivos eran conducir el ahorro popular hacia la inversión y realizar una labor social en sus respectivos ámbitos territoriales. Así, a lo largo de los años en España se instó a los gobernadores civiles a que impulsen en sus respectivas provincias la creación de cajas de ahorros, implicando en esta tarea a las personas "pudientes" y con "espíritu filantrópico" e inclusive disponiendo de los medios públicos que fueran necesarios para tal efecto.

En este contexto, si bien las cajas municipales en el Perú se crearon y desarrollaron inicialmente bajo el modelo de las cajas de ahorro de Alemania, también resulta interesante revisar su potencial papel al amparo del modelo desarrollado en las últimas décadas por las cajas de ahorro de España. Actualmente las cajas de ahorro españolas son fundaciones privadas de carácter social que, como se ha esbozado, combinan las dos funciones, la financiera y la social.

En el aspecto financiero, las cajas españolas se han constituido en un elemento esencial a la hora de garantizar el desarrollo de una actividad financiera en condiciones competitivas. Y es que las 46 entidades que componen el sector de cajas de ahorros en España, de muy diversos tamaños, compensan en gran medida la polarización que ejercen los dos grandes bancos nacionales, evitando las prácticas abusivas que el poder de mercado pudiera generar. Las cajas de ahorro españolas en la actualidad gestionan más de la mitad de los recursos captados del público y lideran la actividad crediticia del sistema financiero español.

Por ejemplo, en la memoria de responsabilidad social corporativa de las cajas de ahorros españolas se utiliza el índice de Herfindahl-Hirschman para evaluar las condiciones de competencia o concentración de los mercados. El valor de dicho índice debería situarse por debajo de 1,800 que es el umbral marcado por la Reserva Federal y el Ministerio de Justicia de EE.UU. como límite para autorizar una operación de fusión. Con datos de diciembre de 2005 para el mercado español, el índice Herfindahl-Hirschman apenas presenta variaciones con respecto al ejercicio anterior, y se sitúa en 1,464, muy próximo a los valores que se consideran deseables. Sin embargo, si se recalcula el índice obviando la existencia de las cajas de ahorro, éste alcanza valores próximos a los 3,000 puntos, lo cual avala claramente el hecho de que el mercado español sería un oligopolio de no existir estas instituciones.

En el aspecto social, el papel de las cajas no resulta menos importante. Las cajas se ocupan de evitar la exclusión social y de fomentar el desarrollo económico y el progreso social de sus comunidades de origen. En este aspecto recientemente dos empresas consultoras desarrollaron un trabajo para medir el impacto de dicha obra social en la riqueza y en la estructura social de los territorios geográficos donde operan. Como resultado de ello se ha podido constatar que la obra social cumple sus funciones de manera correcta, con una gestión eficiente que se dirige a los sectores más necesitados y que se complementa con las administraciones públicas, tanto del gobierno central como de los gobiernos locales.

Para dar una idea, no sólo se trata de la creación masiva de bibliotecas y centros de documentación para el uso de los ahorristas de dichas instituciones a nivel nacional. Por ejemplo, sólo en 2005 las 46 cajas de ahorro españolas destinaron a obra social un equivalente a más de S/. 5,400 millones a través de 1,776 centros de cultura y tiempo libre, 1,691 centros de asistencia social y sanitaria, 460 centros de educación e investigación y desarrollo, y 353 centros de patrimonio histórico artístico y medio ambiente.

Por ello, resulta importante destacar que, por tratarse de entidades privadas de utilidad social, las cajas no pueden utilizar sus utilidades para repartir dividendos. Sin embargo, su gestión sí debe generar utilidades excedentes que se destinen a: 1) pagar el impuesto a la renta, 2) constituir reservas para reforzar la capitalización y 3) realizar obra social. Según dicho esquema, no menos del 50% es destinado a reservas para mejorar la capitalización, aunque históricamente el monto promedio no ha bajado del 70%, y la diferencia ha sido destinada a obra social.

En el Perú, las cajas municipales han puesto su énfasis en el apoyo a la microempresa y a su desarrollo masivo, como una forma efectiva de reducir los niveles de pobreza existentes; sin embargo, en el futuro ésta no debería seguir siendo la única vía contemplada. El desarrollo de las actuales microempresas en futuras pequeñas y medianas empresas requerirá una mejor definición y focalización del crédito a la microempresa, su papel social. El microcrédito seguirá seguir siendo ofrecido a segmentos colectivos vulnerables y con dificultades de acceso a los sistemas de financiación tradicional. Por ejemplo, en España los beneficiarios de estos programas son los desempleados de larga duración, las mujeres con cargas familiares compartidas, los inmigrantes, las personas discapacitadas sin recursos, las personas con empleos precarios y los emprendedores sin avales ni garantías. Por ello se requiere de una red de entidades colaboradoras que propongan a los posibles beneficiarios de los microcréditos, pues, son las que tienen un trato más cercano con dichas personas (organizaciones no gubernamentales, consejerías y concejalías de empleo y servicios sociales, etc.). En todos los casos, el respaldo de las operaciones se halla en la confianza que se ponga en el esfuerzo de superación de las personas y, fundamentalmente, en la viabilidad de los proyectos de autoempleo que se presenten.

No obstante, nuevamente, el papel financiero más importante de las cajas en el Perú, aún está por escribirse. El de la generación de una mayor competencia a medida que la supervisión bancaria les permita competir con menores desventajas frente a los bancos. Y para ello el camino correcto no pasa por transformarlas en sociedades anónimas ni por buscar su consolidación vía una agresiva política de fusiones. El índice de Herfindahl-Hirschman para la banca en el Perú en diciembre de 2005 ya se encontraba en un elevado valor de 1,940 y en junio de 2006 alcanzó el valor de 2,044 producto de la última fusión bancaria, ambos valores por encima de 1,800, lo cual evidencia la alta concentración del mercado crediticio peruano y la falta de una ley antimonopolio que regule las fusiones y adquisiciones. Si a las cajas municipales se les permitiera hoy participar en todas las mismas operaciones que los bancos, el índice se reduciría a 1,794, por debajo del referido umbral. Así, desde un punto de vista social, y no privado, las fusiones para la consolidación no son positivas, ni las privatizaciones necesarias y tampoco deseables, mucho menos en un sistema financiero como el peruano, hambriento de competencia y, por qué no también decirlo, de obra social.