ALGUNOS PARALELOS ENTRE CRISIS CREDITICIAS Y BURBUJAS INMOBILIARIAS

A inicios de 2003 la gente pasaba unos días de invierno fríos en las paradas de buses en las calles de Madrid. La temperatura solía bordear los 0ºC a 2ºC y, mientras la gente de a pie esperaba con expectativa la pasada del siguiente bus, en los paraderos se podían leer avisos de oferta de los propietarios que querían vender directamente sus pisos o departamentos, sin pagar comisiones a intermediarios, a precios que rondaban los € 180,000 a € 200,000 por 90 m2.

Según las estadísticas, en aquel momento el precio promedio de la vivienda de segunda mano en la capital de Madrid bordeaba los € 3,100 por m2. En los distritos más caros de la capital, como Salamanca o Chamartín, el precio superaba los € 3,900 y en la periferia, como en Getafe o Leganes, podían hallarse precios en torno a los € 2,000, aunque yendo a suburbios más lejanos, como Parla o El Escorial, podía encontrarse precios de € 1,400. En aquel momento el euro cotizaba a 1.08 dólares y el dólar cotizaba a S/. 3.49, es decir, un euro equivalía a S/. 3.77.

La economía evidentemente marchaba muy bien: España había venido teniendo un crecimiento sostenido desde principios de los años 90. El precio promedio de los inmuebles en el primer trimestre de 2003 subía a un ritmo de 4% trimestral. No obstante, ni siquiera los especialistas se atrevían a aceptar siquiera la posibilidad de estar alentando y menos cabalgando una burbuja inmobiliaria, aunque el precio promedio del m2 en Madrid ya había venido subiendo a ritmos de 26% y 28% en 2001 y 2002 y luego cerró el 2003 en más de 17%.

Por el contrario, ante el reclamo de las propias constructoras, el gobierno central y los gobiernos locales hacían denodados esfuerzos por habilitar una mayor cantidad de suelo urbano. Y es que la demanda inmobiliaria superaba largamente a la naturalmente más rígida oferta que tampoco se daba abasto para construir al mismo ritmo. No obstante, era vox populi la existencia urbanizaciones con gran cantidad de departamentos nuevos y sin habitar, comprados por grandes inversionistas, por lo que se discutían opciones para cómo obligarlos al menos a ponerlos en alquiler.

Lo que más presionaba la demanda no era el incremento de sueldos y salarios, que como mucho se incrementaban de acuerdo a la variación del índice de inflación, que no llegaba al 4% anual, a pesar de que la meta del Banco Central Europeo para toda la zona euro era del 2%. Lo que realmente presionaba la demanda inmobiliaria era la fuerte expansión del crédito bancario. El crédito para la adquisición de vivienda no sólo creció 17%, 17% y 21% en 2001, 2002 y 2003, sino que había venido creciendo a tasas de más 20% entre 1997 y 2000.

Como síntoma de agotamiento del modelo, no sólo había una agencia bancaria casi cada 2 cuadras, sino que el plazo máximo de los créditos hipotecarios ya había pasado de 30 a 40 años, aunque en algunas entidades ya se empezaban a escuchar posibles ofertas hipotecarias de hasta 50 años: más de una vida laboral para pagar. Pero, por si ello al final no fuera suficiente, en ese momento también ya se empezaba también a ofertar masivamente las hipotecas inversas, es decir, créditos que se desembolsan al deudor en una o varias partes hasta un monto máximo en función al valor del inmueble y que luego son pagados a las entidades financieras, por los herederos, con el burbujeante valor remanente de la propiedad inmobiliaria luego que falleciera el propietario.

En ese mismo año 2003, pero al otro lado del mundo, se podían ver en los diarios anuncios de venta donde el precio del m2 en distritos de clase media de Lima, como en Miraflores, podían bordear en torno a los S/. 1,500, unos $ 430 o € 400, es decir casi la quinta parte de lo que costaba el m2 en una zona similar en Madrid. El Perú estaba terminando de salir de la recesión originada por la crisis bancaria de 1998-1999, crisis en la que casi la mitad de los 25 bancos privados existentes desaparecieron. Y como ocurre durante toda crisis bancaria, también se había producido un sinceramiento de los precios inmobiliarios, pues, finalmente son inmuebles los que conforman la mayor parte de las garantías que las entidades bancarias en una crisis.

Y es que en los cuatro años posteriores al pico máximo alcanzado a principios de 1999, durante una recesión profundamente larga y penosa, el precio del m2 de viviendas había caído casi un 30%, aunque el precio de los locales comerciales e industriales había registrado caídas de entre 40% y 50%. La caída en el precio de las viviendas en aquel entonces no fue mayor, ni tuvo tanto impacto social, porque hasta entonces el acceso al crédito hipotecario había estado muy limitado.

Hasta antes de 1997 se exigía una cuota inicial de entre 25% y 30% y demostrar ingresos formales mínimos equivalentes a más de $ 1,500 o $ 2,000 (entre S/. 4,000 y S/. 5,000, mucho más de 10 remuneraciones mínimas vitales), según el solicitante fuera soltero o casado. Se daban créditos hipotecarios sólo en dólares a una tasa efectiva anual de 14% a 18% y con plazos máximos de 12 a 15 años, pero lo frecuente era darlos en promedio a 7 o máximo a 10 años. Así, el acceso al crédito hipotecario estaba dirigido a las clases media y alta de Lima.

Pasaron más de 4 años y a mediados de 2007 estalló la crisis financiera en EEUU, la que empezó precisamente en el sector inmobiliario como consecuencia de las crisis de los créditos hipotecarios de mala calidad que habían sido entregados irresponsablemente durante la fase expansiva de la política monetaria, sin ninguna regulación financiera o supervisión bancaria por la externalidad que pudieran generar. Dicha crisis fácilmente fue transmitida como crisis de liquidez fuera de los EEUU, lo que afectó a las entidades financieras que usaban dicha liquidez para financiar los complejos instrumentos financieros AAA con los que se financiaron dichas hipotecas de mala calidad. Esto luego terminó por pinchar las burbujas inmobiliarias de países como España y Reino Unido, entre otros.

Así, aunque la actual crisis económica de España empezó a inicios de 2008, los precios de la burbuja inmobiliaria ya habían tocado máximos a mediados de 2007 y a partir de allí empezaron apenas a retroceder. A fines de 2007 el precio promedio de la vivienda de segunda mano en la capital de Madrid superó los € 4,200 por m2. En 2004, 2005, 2006 y 2007 la subida anual de precios había ido desacelerándose (7%, 7%, 5% y 0%), pese a que el ritmo del crédito siguió creciendo a tasas de 20% anual, contrariamente a la fuerte subida de precios experimentada en 2001, 2002 y 2003 (más de 25%, 25% y 17%) cuando el crédito creció a tasas de 17% anual. De este modo, como a fines de 2000 el precio promedio del m2 de vivienda no llegaba a € 1,900, hasta el pico de 2007 se acumuló una subida total de 120%.

En los distritos más caros de la capital, como Salamanca o Chamartín el precio llegó bordear los € 5,300 y en la periferia, como en Getafe o Leganes, los precios bordearon casi los € 3,000, aunque yendo a suburbios más lejanos, como Parla o El Escorial, los precios llegaron a los € 2,400 y € 2,600. En aquel momento el euro cotizaba a 1.45 dólares y el dólar cotizaba a S/. 2.95, es decir, un euro equivalía a S/. 4.28.

Desde entonces pasaron otros más de 4 años, pero esta vez de reversión del ciclo inmobiliario en España. En la capital de Madrid el precio del m2 ha acumulado una caída de sólo -19% desde que alcanzó su máximo histórico a mediados de 2007, aunque en otras ciudades han registrado caídas acumuladas que ya superan el -27%. Dentro de Madrid, en los distritos de clase media alta los precios sólo han caído -12%, pero en los de media y baja casi un -33%, aunque todo indica que aún no es suficiente.

Así, en 2011 el precio promedio promedio de la vivienda de segunda mano en la capital de Madrid ha cerrado por debajo de los € 3,500. En los distritos más caros de la capital, como Salamanca o Chamartín el precio cerró en € 4,700 y en la periferia, como en Getafe o Leganes, los precios cerraron en € 2,000, aunque yendo a sitios más lejanos, como Parla o El Escorial, los precios cerraron en € 1,600 y € 1,900. A la misma fecha el euro cotizó a 1.30 dólares y el dólar cotizó a S/. 2.69, es decir, un euro equivalió a S/. 3.50.

¿Hasta donde debieran caer los precios en España para que se restaure el equilibrio? En promedio a fines de 2011 los precios en Madrid se hallan en los mismos niveles de mediados de 2003, pero los precios de Barcelona recién están en los mismos niveles de mediados de 2004. Es decir, el incremento excesivo de precios no se produjo sólo en 2005, 2006 y 2007 como a veces se sostiene, aunque hasta ahora fue en esos años en los que se concedieron la mayor parte de los créditos hipotecarios a los plazos más largos de pago y a los precios más altos de la historia.

Pero volviendo al Perú: si sólo entre 2006 y 2011 el precio promedio del m2 en Lima de las viviendas de las clases media y alta ubicadas en los distritos de Miraflores, Surco, San Isidro, La Molina y San Borja ya llevan un incremento acumulado de 165% medido en dólares, 145% medido en euros y 125% medido en soles, mientras que en los distritos de clase baja la subida ha sido mayor, ¿es esto signo de que nos encontramos cabalgando ya una burbuja inmobiliaria? ¿Está el Perú como estaba España en el año 2000, 2003 o 2006? No se sabe.

Lo que sí se puede intuir es que si hubiera burbuja y se pinchara, no tendría pocas consecuencias para la actividad económica, no sólo porque mucho del crecimiento actual descanse en la demanda interna y una parte de ésta descanse en el sector construcción, sino porque parte muy importante de esa demanda interna descansa en el crédito bancario, el cual a su vez descansa en buena parte en garantías inmobiliarias.

Para muestra, un botón: luego que la crisis en España estallara en 2008, y los precios de los inmuebles empezaran a caer, el crecimiento del crédito, tanto hipotecario como no hipotecario, entró en franca desaceleración: 2009, 2010 y 2011 cerraron con tasas de crecimiento nulas o negativas, para ambos tipos de crédito. ¿Esto se debió a que los créditos hipotecarios llegaron a representar casi el 50% del crédito total, pero habría sido distinto si la participación fuera menor? No.

En el Perú, en la crisis bancaria de 1998-1999 los créditos hipotecarios no llegaron a representar ni el 10% de los créditos totales; pero mientras los precios de los inmuebles caían en 2000, 2001, 2002 y 2003, el otro 90% conformado por créditos no hipotecarios mantuvo tasas de crecimiento nulas o negativas, justo como ocurre hoy en España.

¿Qué se puede hacer entonces? Sin lugar a dudas, moderar la fuente del exceso de demanda inmobiliaria. ¿Cómo? Aumentando significativamente los requerimientos de capital bancario para los créditos hipotecarios que se están concediendo a más de 15 años, o con cuota inicial menor del 20%, o en moneda extranjera. La historia de las crisis crediticas siempre termina enseñando que, para preservar la estabilidad financiera, el acceso al crédito inmobiliario también debe ser, por definición, ordenado, mesurado y sostenible. Si no, no hay inclusión financiera ni inclusión crediticia que valgan la pena.

¿POR QUÉ FUE NECESARIO REGULAR LOS ACUERDOS DE GARANTÍA FINANCIERA EN LA UNIÓN EUROPEA?

Para entender mejor la necesidad que también se tiene, en el Perú y otros países de la región, de regular los acuerdos de garantía financiera entre las entidades financieras, conviene dar un vistazo a los motivos por los cuales lo hicieron otros países más desarrollados. En tal sentido, un experiencia muy ilustrativa se halla en la de los países que forman parte de la Unión Europea.

A mediados de 2002, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea aprobaron la Directiva 2002/47/CE regulando los acuerdos de garantía financiera, es decir, los acuerdos por medio de los cuales se establece el procedimiento de recurso de las diferentes entidades financieras a las garantías financieras que ellas mismas hayan constituido con el objetivo de reducir obligaciones por compensación entre ellas, aún en caso de insolvencia.

Entre las entidades financieras se incluyeron a las entidades de créditos (bancos comerciales, bancos de desarrollo, cajas de ahorro, etc.), a las entidades de seguros (compañía de seguros generales, compañía de seguros de vida) y a las entidades de inversión (fondos mutuos, fondos de pensiones, fondos colectivos), sean públicas o privadas, así como a los bancos centrales, a los tesoros públicos, a las cámaras de compensación y liquidación, a los organismos multilaterales y a cualquier otra entidad similar.

¿Por qué fue importante regular los acuerdos de garantía financiera? Fundamentalmente con el propósito de limitar el riesgo sistémico inherente a los sistemas de pagos y liquidación de valores. Hasta ese momento en la Unión Europea no había un régimen estandarizado para la aportación de valores o de fondos de efectivo como garantías compensables. No sólo no lo había en el sistema de garantías ni en el sistema de transferencias de valores, sino que tampoco lo había en los populares acuerdos de venta con pacto de recompra, una modalidad de operaciones de reporte.

En consecuencia, la integración de los mercados financieros, para generar una mayor competencia, una mayor rentabilidad y una mayor estabilidad al sistema financiero en conjunto de la Unión Europea, estaba truncada. Más aún, esto a su vez impedía la libre prestación de servicios y la libre circulación de capitales en los mercados financieros.

La preocupación ya venía desde 1998 por la necesidad de reglamentar anticipada y adecuadamente, dentro de la propia arquitectura de la red de seguridad financiera, el normal proceso de saneamiento y liquidación de las entidades de crédito y entidades de seguros que se hallaran en procedimientos de insolvencia. De lo que se trataba era de mejorar la seguridad jurídica de los acuerdos de garantía financiera aún en dichas circunstancias.

Este asunto es crucial porque, en situaciones de insolvencia o concurso de entidades financieras en general, los Estados deben asegurar que las legislaciones involucradas no impidan la efectiva realización de las garantías financieras objeto de acuerdo ni creen dudas sobre la validez de las técnicas de liquidación bilateral de garantías por compensación exigible anticipadamente, incluyendo la liquidación de las garantías complementarias y la de las garantías sustituibles.

Más aún, en el caso particular de los acuerdos de garantía financiera entre entidades financieras, la legislación debe debe evitar la posibilidad de que ningún tribunal pueda reinterpretar o recalificar judicialmente los acuerdos de garantía financiera para tratarlos como si fueran simples garantías, al margen de si hay o no transferencia de propiedad antes o después de la ejecución de la liquidación por compensación establecida por el acuerdo.

Es decir, en la regulación de los acuerdos de garantía financiera no se trata de definir o redefinir los derechos de propiedad de los activos que constituyen dichas garantías financieras, sino de asegurar la liquidación por compensación pactada independientemente de si hay o no desposesión de dichos activos.

Y dado que se involucraban varios países en un mismo sistema financiero, tampoco debía importar la nacionalidad de las contrapartes. Lo que debía primar era la legislación del país en donde se encontrara la garantía financiera, lo que en el caso de los valores desmaterializados significaba que debía primar la legislación del país en donde se hallaran las anotaciones en cuenta de los valores (bonos, acciones, etc.) presentados como garantía financiera.

Por otro lado, para abaratar y facilitar el uso de los acuerdos de garantía financiera se hacía necesario reducir los costos operativos y los trámites administrativos asociados. Para ello se hizo necesario establecer que el único requisito para imponer una garantía financiera debía ser que se pueda demostrar que ésta ha sido entregada, transferida, mantenida, registrada o designada, de tal modo que obre en poder o esté bajo el control del beneficiario, sin que esto implique impedir que se pueda permitir sustituir garantías o retirar los excedentes. Esto, además, no haría más que fomentar la eficacia de las operaciones de política monetaria.

¿Por qué debía protegerse la ejecutabilidad de la liquidación por compensación exigible anticipadamente? Porque las buenas prácticas de gestión del riesgo en los mercados financieros deben protegerse, permitiendo que las entidades financieras gestionen el riesgo de crédito inherente a las operaciones que ejecutan con sus contrapartes, pero sobre una base neta, es decir, compensada. De este modo, la posición (exposición) de una entidad financiera con una de sus contrapartes no es otra cosa que la suma de riesgos de todas las operaciones pendientes con dicha contraparte, compensada con todas las operaciones recíprocas o inversas con esa misma contraparte, como una suma algebraica global, posición que fácilmente puede ser comparada con el valor actual de las garantías financieras constituidas, independientemente del momento en el que se constituyan, o de si son garantías financieras principales, complementarias o de sustitución.

De esta forma, la legislación sobre acuerdos de garantía financiera debía establecer unos procedimientos de ejecución rápidos y que no sean burocráticos, con el fin de salvaguardar la estabilidad financiera y así limitar el efecto contagio en caso que alguna de las partes incumpla un acuerdo de garantía financiera. Sin embargo, una ejecución rápida y no burocrática de ningún modo debía impedir que la legislación pueda establecer un control posterior en los tribunales, ya sea sobre la ejecución o valoración de las garantías financieras o sobre el cálculo de las obligaciones principales garantizadas.

Luego, en 2009, este marco jurídico para la utilización de acuerdos de garantía financiera requirió ser ampliado con la finalidad de considerar y potenciar al máximo el impacto económico de los derechos de crédito que se derivan de cualquier préstamos como un tipo de garantía admisible. La utilización de los derechos de crédito no sólo incrementaría la reserva de garantías disponibles, sino que podía contribuir a la igualdad de condiciones entre las entidades de crédito en los sistemas de pago y liquidación de valores. Y esto a su vez redundaría en beneficio de los consumidores y de los deudores, puesto que este empleo de derechos de crédito como garantía puede llevar en última instancia a una competencia más intensa y a una mayor disponibilidad de créditos.

De esta forma, la aprobación de la directiva sobre acuerdos de garantía financiera permitió:

(i) reducir el riesgo sistémico en caso de intervención o liquidación de entidades financieras,

(ii) reducir el riesgo de contagio en caso de incumplimiento de alguna contraparte,

(iii) disminuir el riesgo de crédito en el otorgamiento de facilidades de liquidez a entidades percibidas como débiles o de menor solventes,

(iv) validar las técnicas de liquidación bilateral entre entidades financieras y entre éstas y las entidades públicas u organismos internacionales, aún en caso de sustitución de garantías o uso de garantías complementarias,

(v) evitar el riesgo de recaracterización o recalificación judicial en toda facilidad que incluya un acuerdo de garantía financiera, ojo, haya o no haya desposesión de la misma,

(vi) ayudar a establecer un equilibrio entre la eficiencia del mercado y la seguridad de las partes,

(vii) simplicar el uso de garantías financieras entre entidades financieras,

(viii) proteger la ejecutabilidad y validez de los acuerdos de garantía financiera,

(ix) facilitar herramientas para la gestión del riesgo de crédito entre entidades financieras, aún en caso de insolvencia y en caso de vuelo a la calidad,

(x) ayudar a preservar la estabilidad financiera, ante situaciones coyunturales de típica aversión al riesgo en los mercados,

(xi) aumentar la liquidez en los mercados de los valores objeto de garantía financiera,

(xii) dar liquidez en el mercado a las entidades que cuenten con derechos de crédito a su favor y que no provengan de valores negociables, y

(xiii) reducir el mayor costo de cualquier incumplimiento por evento de crédito, incluyendo los casos de liquidación, por no tener que recurrir a domicilios y leyes extranjeras en donde sí haya un marco legal que proteja los acuerdos de garantía financiera.

¿CÓMO IMPLEMENTAR UN ADECUADO CONTROL INTERNO PARA LA GESTIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS?

Las mejores prácticas internacionales para los sistemas de control interno de la actividad bancaria recomiendan el cumplimiento de una serie de principios relacionados con la vigilancia de la administración y la cultura del control, el reconocimiento y la valuación de riesgos, las actividades de control y la segregación de funciones, la información y su comunicación, y las actividades de seguimiento y corrección de deficiencias.

Si bien todos estos principios han sido desarrollados en profundidad por el Comité de Basilea para las entidades bancarias, porque en ellas se sostiene la mayor parte del sistema de pagos y de su solvencia depende evitar la generación de la mayoría de crisis financieras, difícilmente alguien podría demostrar que el manejo de una entidad no bancaria debería ser ajeno a la observancia de estas sanas prácticas, mucho menos si se tratara de una entidad o agencia gubernamental que maneje fondos públicos.

Algo análogo sucede con las mejores prácticas internacionales para la gestión del riesgo. Es en el sector financiero en donde se ha desarrollado con mayor consistencia y perseverancia los estándares internacionales que luego son utilizados por los sectores no financieros, evidentemente con la consideración de otros factores de riesgo adicionales, típicos de cada negocio en particular, inclusive para las actividades del sector público. Pero los fundamentos de por qué y cómo se debe gestionar el riesgo son, en esencia, los mismos.

Por ello, para implementar un adecuado control interno de la gestión de activos y pasivos financieros, y facilitar la gestión corporativa e institucional del riesgo involucrado, deberían segregarse las responsabilidades para tomar tres tipos de decisiones básicas: las de tipo estratégico, las de tipo táctico y las de tipo operativo. De hecho, para evitar cualquier conflicto de interés y más bien asegurar la independencia y consistencia en la toma de decisiones dentro de cada entidad, estos tres tipos de decisiones deberían ser ejecutados por instancias diferentes.

I Responsabilidades de nivel estratégico

Un primer grupo de responsabilidades estratégicas está referido a la aprobación de cuáles serán las políticas y estrategias generales de actuación en el largo plazo dentro de la entidad en cuestión, es decir, cuáles serán los principios, criterios, límites y alertas que su dirección o administración deberá seguir en la gestión de activos y pasivos, lo cual deberá ser reflejado en un manual de políticas.

Un segundo grupo de responsabilidades está referido a verificar que la dirección o administración de la entidad toma todas las acciones necesarias para identificar, evaluar, seguir, mitigar y reportar los diferentes tipos de riesgo enfrentados en la gestión de activos y pasivos, lo cual se debe traducir en la recepción periódica de los reportes y sustentos correspondientes.

Un tercer grupo de responsabilidades involucra la necesidad de establecer en toda la entidad un sistema de incentivos que fomente una adecuada gestión global del riesgo e inhiba la toma inapropiada de riesgos por parte de su personal. Una gestión segregada o desintegrada se presta al arbitraje por parte de terceros y a la destrucción de valor dentro de la misma entidad, mientras que la toma de riesgos que no se pueden medir o son difíciles de seguir representa la forma más segura de poner en peligro la solvencia de cualquier entidad.

Y un cuarto grupo de responsabilidades, y no por eso menos importante, tiene que ver con que la instancia que asuma estas responsabilidades tiene que conocer los principales riesgos tipo de las diferentes operaciones que apruebe tomar, independientemente de su modalidad, y tiene que haber establecido niveles de tolerancia y de apetito por el riesgo, incluyendo las expresas prohibiciones que considere pertinentes.

En las empresas financieras la instancia de responsabilidad estratégica corresponde a la que representa los intereses de los propietarios o accionistas, como puede ser un Consejo o un Directorio, aunque también puede ser un comité especializado que se constituye en el seno de éste, como un Comité de Riesgos, a quién se le delega la responsabilidad de controlar el típico problema que hay entre el agente (la alta dirección o administración ejecutiva) y el principal (los propietarios o sus representantes no ejecutivos).

II Responsabilidades de nivel táctico

A este nivel, un primer grupo de responsabilidades tácticas está referido precisamente a la aprobación de las tácticas y técnicas específicas de inversión, de endeudamiento, de negociación o de cobertura que la entidad llevará a cabo en el corto plazo sobre su cartera, o carteras financieras, dentro del marco de políticas aprobado. La cartera típica será la cartera de inversión, es decir, la conformada por todos los activos y pasivos que no serán objeto de negociación antes de su vencimiento. La otra, si la hubiera, está referida a su cartera de negociación, es decir la conformada sólo por los activos y pasivos que sí serán objeto de negociación antes de su vencimiento.

Un segundo grupo de responsabilidades tácticas tiene que ver con la aprobación de las metodologías, reglas y procedimientos específicos de análisis, evaluación y seguimiento del riesgo de las operaciones típicas y, en su caso, de la estructuración y clasificación de las operaciones complejas. Esto puede incluir la aprobación de un manual de productos donde se defina qué es qué, al margen de cualquier engañosa denominación comercial, o la aprobación de un manual de garantías y de cualquier otra herramienta de apoyo que asegure una gestión estandarizada y prudente de las actividades principales de la entidad por parte de todos los trabajadores.

Un tercer grupo de responsabilidades tiene que ver con el seguimiento de los indicadores de gestión de activos y pasivos, así como de la convalidación, o no, de su gestión sobre la base de los informes emitidos por las unidades con responsabilidad operativa. Por ejemplo, revisando periódicamente la evolución de las exposiciones estructurales al riesgo cambiario, al riesgo de tasas de interés y al riesgo de liquidez, así como también revisando la rentabilidad, riesgo y costo de los diferentes activos y pasivos, por banda de tiempo y moneda, incluyendo los que se encuentran fuera del balance.

Un cuarto grupo de responsabilidades obviamente está referido a la asistencia o apoyo que debe prestar esta instancia de decisión, conformada por los principales ejecutivos y técnicos responsables de la entidad, a la instancia estratégica. Por ejemplo, opinando sobre las propuestas de aprobación o mejoramiento de las políticas de gestión de activos y pasivos que serán sometidas a la aprobación.

Es decir, así como un pilar fundamental para el manejo de la liquidez de cualquier entidad es la centralización de todos los flujos de fondos, aún cuando fueran originados o utilizados por diferentes áreas de una misma entidad, también es fundamental la centralización de la toma de decisiones tácticas sobre toda su estructura de balance. Es decir, las decisiones tácticas sobre manejo de deuda, de inversiones y de tesorería en general deben estar centralizadas en una misma instancia que vele por una estructura coherente de todo el balance.

Normalmente a esta instancia colegiada en las entidades financieras se le denomina Comité de Activos y Pasivos, el cual también puede proponer y hacer seguimiento de las políticas de riesgo fiduciario, es decir, de aquellos principios, recomendaciones y límites que velan por el manejo de fideicomisos, de comisiones de confianza o del manejo de fondos de terceros en general, como el manejo de excedentes de tesorería de otras entidades relacionadas, en donde la entidad actúa como agente. Sólo de esta forma se podrá también reducir las fuentes de riesgo y demás vulnerabilidades individuales, con una toma de decisiones desde un punto de vista global.

III Responsabilidades de nivel operativo

Las responsabilidades a este nivel ya están conformadas por las funciones más tradicionales y que son ejercidas individualmente por los responsables de todas las áreas y unidades que conforman la estructura orgánica de una entidad y que tienen participación en el manejo de las diferentes fuentes y usos de fondos. Sólo a veces se constituyen comisiones ad hoc para tomar decisiones operativas puntuales relacionadas con subastas o concursos.

Así, el primer grupo de responsabilidades está relacionado con el examen permanente de las condiciones económicas y de mercado, con la finalidad de ejecutar operaciones que minimicen el costo de la liquidez en concordancia con los parámetros coyunturales aprobados por la instancia táctica y dentro del marco permanente de políticas aprobado por la instancia estratégica.

El segundo grupo de responsabilidades tiene que ver con la propuesta de tácticas particulares para sus operaciones de fondeo de recursos o de cobertura e inmunización de rendimientos de las inversiones y colocaciones, ya sea a través de la emisión de valores, concertación de adeudos, captación de fondos u operaciones de reporte, todo dentro del marco de políticas aprobado.

El tercer grupo de responsabilidades se refiere a la propia gestión operativa de las diferencias de vencimientos entre activos y pasivos, a las diferencias de reprecio y a los descalces de posiciones cambiarias, de manera que se asegure la continua disponibilidad de recursos (liquidez) mediante suficientes líneas de crédito contingentes en las mejores condiciones y, si corresponde, con una ordinaria participación recurrente en el mercado monetario o inclusive en el mercado de valores.

Y el cuarto grupo de responsabilidades operativas está relacionado con la elaboración de todos los informes de gestión, seguimiento y proyecciones que se requieran para que las instancias superiores evalúen cómo se efectuó la toma de decisiones operativas, si éstas se encontraron, o no, dentro del marco previamente aprobado y cómo ellas han permitido avanzar en el cumplimiento de las metas u objetivos periódicamente establecidos y reajustados.

De este modo, las políticas no se aprueban cada año, pues su vocación es de largo plazo, como se supone es la vocación de las leyes, lo que no quita que puedan proponérseles mejoras cuando ello sea necesario y pertinente. Lo mismo sucede con las estrategias generales. En cambio las tácticas aprobadas sí pueden cambiar, de manera más o menos previsible, en función a los ciclos económicos o de la coyuntura financiera o monetaria, o de manera imprevista, ante estallido de una crisis.

Finalmente, ¿qué temas principales debería contemplar un manual de políticas de gestión de activos y pasivos? Según corresponda, debería contener políticas de diversificación y riesgo de concentración, de riesgo de contraparte y riesgo de emisor, de liquidez, de inversiones, de endeudamiento, para derivados de cobertura y negociación, de riesgo cambiario y de riesgo de tasas de interés, e incluso niveles de autonomía delegados a las instancias operativas.

LAS BOLSAS DE VALORES Y LA COTIZACIÓN DE EMPRESAS NACIONALES EN EL EXTERIOR

El ingreso de empresas nacionales a cotizar a bolsas de valores extranjeras indirectamente crea una oportunidad estupenda para mercadear y posicionar mejor al Perú, como país de oportunidades, especialmente entre los inversionistas extranjeros. Coyunturalmente estos tiempos de efervescencia para los países en desarrollo son los más oportunos, y no hay que desaprovecharlos.

Por otro lado, lograr la cotización individual o de índices de empresas peruanas en la Bolsa de México DF o en la Bolsa de Nueva York también es una oportunidad interesante para promover el acceso al financiamiento directo de las empresas en el mercado, es decir, obtener recursos financieros sin necesidad de incurrir en el costo de la intermediación bancaria que en el Perú es particularmente mucho más alto.

Por ello, cuando las empresas nacionales logren acceder a mercados más líquidos y profundos, por un lado acortarán las desventajas de costos financieros que tienen frente a los de las empresas de los países desarrollados y por otro lado ayudarán a también a promover una mayor competencia entre el mercado de valores (financiamiento directo) y el mercado de crédito (financiamiento indirecto). La existencia de las bolsas de valores hacen, además, todo más transparente.

El caso de la Bolsa de Nueva York es particularmente interesante porque su matriz, la NYSE Euronext (40%), está negociando con la Deustche Börse (60%), el operador de la Bolsa de Francfurt (Alemania), la fusión de ambas bolsas. Esta operación creará la bolsa más grande del mundo y ahorraría millones de dólares en costos, pero no es la única. Por ejemplo, los operadores de la Bolsa de Toronto y la Bolsa de Londres también están en negociaciones, mientras que la Bolsa de Singapur y la Bolsa de Sidney ya estarían esperando la aprobación legal de su fusión.

¿Por qué se fusionan las bolsas? Una de las principales razones es porque entre sus empresas operadoras también existe una carrera por hacer a las bolsas de valores más baratas, más rápidas y más electrónicas. Aunque otra de las razones es que las bolsas están enfrentando dificultades para seguir siendo relevantes en un mundo que cada vez las considera menos relevantes: actualmente la Bolsa de Nueva York sólo realiza menos del 30 de los intercambios de valores estadounidenses, pero hace 15 años realizaba el 90%.

Lo bueno de todo esto es que está permitiendo derribar barreras nacionales entre distintos países y ampliando el mercado para las empresas que cotizan en sus respectivas bolsas de valores. De ahí que la integración de la Bolsa de Lima con la Bolsa de Bogotá y la Bolsa de Santiago no tenga nada de raro, aunque aún no sea una fusión, también es parte de la misma carrera por atraer inversiones y por hacerse competitivas.

No obstante, el que empresas peruanas coticen en el exterior también significa que se deberán someter a una mayor disciplina de mercado y eso no sólo pasa por adoptar todas las normas internacionales de contabilidad e información financiera, sino también por mejorar su responsabilidad social, adoptar las mejores prácticas laborales, incrementar su respeto por el medio ambiente y constituirse en verdaderos ejemplos de buen gobierno corporativo.

Pero volviendo a la efervescencia de estos buenos tiempos para los países en desarrollo, principalmente gracias a los buenos precios de las materias primas y a la crisis de los países desarrollados, no debe olvidarse que hoy tener un mayor acceso para levantar mayor capital se ha vuelto más importante que nunca. Las dificultades experimentadas por las empresas financieras en los países desarrollados ha sido tan grande, precisamente por no haber levantado en los tiempos buenos capital suficiente para enfrentar la natural reversión de los ciclos crediticios: la lección básica de la crisis financiera internacional iniciada en 2007-2008.

Los mercados financieros, como el de los bonos y el de las acciones, son mecanismos cruciales para promover una mayor eficiencia en la economía. El buen funcionamiento de los mercados financieros es un factor clave para tener un alto crecimiento para alcanzar el desarrollo económico. En cambio, el pobre desempeño de dichos mercados es una de las razones por las que aún muchos países en el mundo continúan siendo muy, muy pobres.

Artículo publicado en el Diario Gestión del 11/03/2011

CRISIS BANCARIAS: RED DE SEGURIDAD FINANCIERA Y RESOLUCIÓN BANCARIA

La reciente crisis financiera internacional ha puesto y aún sigue poniendo a prueba la solidez de las redes de seguridad financiera de los países desarrollados. La más reciente prueba la están pasando los países de la Unión Europea que conforman la zona euro y ahora buscan recuperar la confianza de los mercados, países que al mismo tiempo no desean ceder a la creciente presión de los inversionistas y especuladores y por ello buscan activamente eliminar las fallas que encuentran en sus redes de seguridad financiera.

El grupo de las fallas más importantes identificadas ha estado en los esquemas de resolución bancaria, es decir, en los procesos para rescatar o para cerrar bancos u otros intermediarios financieros de forma eficiente y no traumática. Esto se vio primero en la crisis bancaria de EEUU y luego en la de los demás países desarrollados en donde se contagió la crisis. Sin embargo, en varios casos su solución ha originado crisis de deuda soberana, producto de los cuantiosos rescates bancarios, mientras que en otros casos la solución busca activamente veladas depreciaciones en los tipos de cambio y futuras inflaciones generales de precios.

En general existen tres métodos básicos de resolución bancaria: (i) la liquidación de la entidad y el reembolso del dinero de los depositantes (lo que usualmente implica el cierre del intermediario), (ii) las transacciones de compra de activos y asunción de pasivos (ventas de intermediarios), y (iii) la asistencia financiera o rescate de un intermediario aún operativo. ¿Cuál es el método socialmente más eficiente?

Para reducir el costo de una quiebra, el asegurador de depósitos u otro integrante relevante de la red de seguridad financiera debe estar facultado para establecer mecanismos flexibles con el objeto de contribuir a preservar la operación de funciones bancarias clave del intermediario involucrado. Esto implica, por ejemplo, facilitar la adquisición de sus activos y asunción de sus pasivos (por ejemplo, a través del uso de un banco puente, de una adquisición asistida o de una administración provisional). Por ello la simple liquidación o, lo que es lo mismo, la simple cesión de la cartera de créditos sin seguir proveyendo las funciones bancarias clave que el intermediario intervenido brindada a sus deudores, a la larga, lo convierten en el método de resolución más costoso y que mayor riesgo moral acarrea, como también se ha comprobado en la propia experiencia peruana.

¿Para qué sirve una red de seguridad financiera? El objetivo primario de toda red de seguridad financiera es contribuir a preservar la estabilidad financiera, es decir, asegurar que el sistema monetario y financiero de un determinado país opere en forma fluida y eficiente, sin sobresaltos. Esto es fundamental para que: (i) el banco central pueda transmitir los efectos de su política monetaria sobre toda la economía, (ii) los bancos y demás intermediarios puedan distribuir los recursos que reciben de los agentes de los sectores superavitarios a los de los sectores deficitarios de la economía, y (iii) los bancos y demás intermediarios puedan atender con normalidad los servicios financieros que proveen a todo el sistema.

Según el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y la Asociación Internacional de Aseguradores de Depósitos, los tres componentes básicos de una red de seguridad bancaria son: (i) un prestamista de última instancia, (ii) una regulación prudencial y su supervisión, y (iii) un sistema de seguro de depósitos. De este modo, las autoridades monetarias y financieras deben distribuirse todas las potestades, funciones y responsabilidades de la red de seguridad, pero evitando cualquier conflicto de interés.

En el primer caso, la función de prestamista de última instancia suele recaer en los hombros del banco central y es de allí donde se debe definir claramente cuáles serán las reglas bajo las cuales se proveerá de liquidez al sistema bancario en caso de emergencia porque el sistema de pagos a su vez descansa en todos los bancos y demás intermediarios. Hay supervisión porque hay una regulación cuyo cumplimiento hay que supervisar. De ahí que es función básica de todo banco central ser prestamista de última instancia, en forma adicional a su función fundamental de manejo de la política monetaria. No obstante, en el Perú la mayoría de intermediarios que no son bancos no tienen acceso o tienen un acceso muy limitado a su prestamista de última instancia, el banco central.

En el segundo caso, la función de supervisión tiene como finalidad fundamental el vigilar la solvencia de los bancos y demás intermediarios financieros, lo cual se debería lograr si todas las entidades cumplen con la regulación bancaria prudencial establecida. No obstante, al estar concentrada en el Perú la regulación prudencial en manos del propio supervisor bancario, ésta tampoco cumple con los Principios Básicos de Basilea, puesto que el supervisor termina siendo juez y parte de su propia actuación.

Y en el tercer caso, son funciones de un sistema de seguro de depósitos definir claramente las obligaciones de las autoridades con los depositantes, limitar las oportunidades para tomar decisiones discrecionales, fomentar la confianza del público, contribuir a limitar el costo de resolver bancos o intermediarios insolventes y proporcionar al país un proceso ordenado para gestionar las insolvencias bancarias y un mecanismo para financiar los costos de las quiebras bancarias. No obstante, aquí es necesario hacer un par de precisiones establecidas por el Comité de Basilea antes de comentar el caso peruano.

Primero, en el manejo de la quiebra de bancos de importancia sistémica, o de las crisis sistémicas propiamente dichas, se requiere del trabajo conjunto y efectivo de todos los actores integrantes de la red de seguridad y no sólo del asegurador de depósitos. De hecho, se recomienda que el costo de una crisis sistémica no debe recaer sólo en el sistema de seguros de depósito, sino que debe gestionarse de otra manera, por ejemplo, desde el propio Estado. Por esa misma razón los intermediarios de importancia sistémica siempre deben estar sujetos a mayores requerimientos de solvencia y liquidez, como ya se ha reconocido internacionalmente (Basilea III).

Segundo, el asegurador de depósitos debe contar formalmente con todas las potestades necesarias para cumplir con su mandato. Todo asegurador de depósitos requiere potestad para financiar reembolsos, suscribir contratos, establecer presupuestos y procedimientos de operación internos y acceder a información oportuna y veraz para cerciorarse de poder cumplir puntualmente con sus compromisos ante los depositantes. El asegurador de depósitos debe operar con independencia y transparencia, debe rendir cuentas y estar aislado de influencias políticas y privadas indebidas.

Ahora bien, en el Perú el asegurador de depósitos no es independiente puesto que es casi solo una extensión del supervisor bancario, inclusive depende funcionalmente de éste (el presidente del asegurador de depósitos es nombrado y miembro del supervisor bancario), quien también le aprueba su estatuto. Por otro lado, al tener el asegurador de depósitos como miembros mayoritarios de su consejo de administración (50%) a los propios representantes de los intermediarios (2 de los bancos y financieras y 1 del resto de entidades), no se cumple con asegurar un efectivo aislamiento de influencias indebidas, las que también pueden introducir un mayor riesgo moral.

De otro lado, la falla de no acceso de varios intermediarios no bancarios a su prestamista de última instancia también se repite en la limitación sutil de las potestades del asegurador de depósitos sobre los mismos intermediarios no bancarios: según el artículo 151 de la propia ley de bancos vigente, el asegurador de depósitos sólo podrá aportar capital en un intermediario en problemas, y facilitar su absorción o adquisición, si éste participa del sistema de canje y compensación, en las situaciones excepcionales determinadas por el supervisor bancario. Con esta discriminación no sólo se perjudica la capacidad de recuperación de su participación en intermediarios no bancarios en régimen de vigilancia, sino que se daña la capacidad de rehabilitación individual de los intermediarios que no participan del sistema de canje y compensación, lo que a su vez perjudica la competencia en el mercado en su conjunto.

Asimismo, el régimen de transparencia y rendición de cuentas de la red de seguridad financiera en el Perú tampoco está aún bien desarrollado. Por ejemplo, las normas de contabilidad e información financiera establecidas en la regulación de las entidades financieras aún no cumplen todos los estándares internacionales vigentes. Esto permite cierta cosmética contable que no sólo deteriora la disciplina de mercado, sino que puede disimular y eventualmente empeorar aún más la situación de los intermediarios que pudieran estar enfrentando dificultades. ¿Cómo? Evitando una detección temprana de los problemas y una intervención y resolución oportunas, lo que es particularmente importante en los intermediarios que representan cada vez más riesgo sistémico.

Finalmente, y no por eso menos importante, el asegurador de depósitos en el Perú no ha formado parte activa de un esquema de detección temprana que permita la intervención y resolución oportuna de los intermediarios con problemas financieros serios, pese a que desde 1999 el asegurador también tiene un papel preventivo (en régimen de vigilancia y de intervención). La determinación y el reconocimiento de que un intermediario ya sufre, o se prevé que sufra, problemas financieros serios deben producirse lo más pronto posible y debería basarse en criterios muy bien definidos.

Un asegurador de depósitos independiente con un mandato de minimización de riesgos debe tener la capacidad de controlar la entrada y salida de intermediarios al sistema de seguros de depósito, evaluar y administrar los propios riesgos del sistema y efectuar exámenes a los intermediarios asegurados, especialmente si van a poder dar apoyo financiero a los intermediarios en problemas, como se ha establecido en el caso peruano desde 1999. De lo contrario, es imposible contar con una adecuada y continua valorización de la cartera de créditos y otros activos que finalmente servirán para indemnizar al asegurador de depósitos y demás acreedores. Bajo la actual estructura organizacional del asegurador de depósitos, esto no es posible, ya que sus potestades más lo asemejan a un sistema de caja de pago, sin responsabilidades de regulación ni de supervisión prudenciales, ni potestades para intervenir intermediarios, casi todas las cuales son retenidas por el propio supervisor bancario, lo que a su vez representa un claro conflicto de interés para asegurar una resolución temprana de los casos problema que se presenten.


Nota: El artículo contiene extractos libremente adaptados del documento "Principios Básicos para sistemas de seguro de depósitos eficaces" del Banco de Pagos Internacionales.

BASILEA III: ¿LA PRÓXIMA FRONTERA PARA LA REGULACIÓN BANCARIA?

En el año 2012 habrán pasado menos de 10 años desde la aprobación de la versión definitiva del Nuevo Acuerdo de Capital de 2004, la nueva regulación internacional sobre requerimientos de capital que aún se encuentra en proceso de implementación en varios países, en reemplazó el (Viejo) Acuerdo de Capital de 1988. Sin embargo, a finales de dicho año se previsto aprobar adicionales nuevas reformas propuestas a fines de 2009. Propuestas ya empiezan a ser conocidas coloquialmente como Basilea III.

Si bien el marco de Basilea II aprobado en 2004 reemplazó completamente al anterior marco establecido en 1988 por lo que ahora se conoce como el marco de Basilea I, las nuevas reformas que se están proponiendo no reemplazarán al marco de Basilea II, ni mucho menos. Por el contrario, las complementarán para llenar varios vacíos que se pusieron en evidencia en la reciente crisis, especialmente en lo que se refiere a la calidad del capital y la calidad de la liquidez, pilares fundamentales de la solidez de las entidades que realizan actividades bancarias.

Hasta ahora, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea del Banco de Pagos Internacionales aprobó acuerdos que determinaron la forma de calcular la cantidad del capital requerido. Sin embargo, no se pronunció de manera explícita y ni muy exigente acerca de su definición, es decir, de la composición por calidad de ese capital requerido. Fundamentalmente se hizo énfasis en su cantidad total: el capital total debía ser, como mínimo, 8% del total de los activos ponderados por riesgo.

No obstante, en términos simplistas y con alguna que otras deducciones menores, puede distinguirse la calidad del capital en tres niveles: (i) el capital social desembolsado más las reservas declaradas, (ii) las reservas no declaradas, las revalorizaciones de activos, los instrumentos híbridos más la deuda subordinada de medio y largo plazo, y (iii) la deuda subordinada de corto plazo.

Al respecto, en el marco de Basilea II hay algunos límites que permiten que la cantidad de capital de segunda calidad pueda igualar la de primera calidad, lo cual ya hace que si se tiene dos entidades igualmente apalancadas, en una el capital directamente aportado por los accionistas pueda ser la mitad que en la otra. Si embargo, existen otros vacíos de definición de diversos instrumentos financieros que dan discrecionalidad a las supervisiones locales de cada país para que cada una permita otras reglas distintas más, lo cual también se presta para cierto arbitraje regulatorio.

Así, uno de los cambios que se introducirá en las nuevas normas se relaciona con el endurecimiento de los requisitos para la deuda subordinada que hoy se considera parte del capital de la banca. Esto hará que el mercado de muchos instrumentos híbridos de deuda/capital, que ahora se toleran como capital secundario, eventualmente desaparezcan. Un ejemplo de instrumentos híbridos son las acciones preferentes permanentes que, como cualquier deuda que genera obligaciones por intereses, conllevan un pago fijo acumulativo de dividendos.

Otro cambio tiene que ver con las limitaciones y la capacidad misma de la entidad para disponer de su propio capital de primera calidad. Así las inversiones minoritarias en relacionadas, los impuestos diferidos y las inversiones en filiales aseguradoras deberán deducirse del capital de mayor calidad por la simple razón de que no están plenamente disponibles.

Asimismo, las eventuales obligaciones en pensiones, pasivos de muy largo plazo, tampoco podrán contabilizarse como capital disponible para asumir pérdidas, como si se hace en muchos países. Inclusive habrá penalizaciones fuertes en el cómputo del capital cuando existan participaciones cruzadas entre entidades bancarias.

Por consiguiente, estas medidas regulatorias en la práctica harán que se requiera de mayores niveles de capital regulatorio que los que actualmente se permiten y, además, con mejor calidad del que en promedio se está acostumbrado a ver en las entidades en muchos países. ¿Será esto una exigencia exagerada? A la luz de la reciente crisis financiera internacional y los rescates masivos de las entidades por parte del sector público, la respuesta evidente es no.

Por otro lado, otro punto que no se tocó de modo exhaustivo en el marco de Basilea II fue el de los requisitos de liquidez y de los de financiación y fue precisamente por este frente por donde el estallido de la crisis de EEUU en 2007 encontró las condiciones perfectas para su expansión y rápido contagio por el resto de países desarrollados. Se requerirá una amplia cartera de inversiones de buena calidad como colchón de reserva secundaria de liquidez, pero ella sólo se podrá vender después de haber pasado una situación de estrés, no antes.

Asimismo, se deberán reducir las brechas de descalce estructural y se deberá obtener financiación a plazo (pasivos a más de un año) para un cierto porcentaje del saldo de los activos de balance. Igualmente todo apunta a que cobrará mayor protagonismo la captación de depósitos puesto que, visto lo visto, suelen ser los recursos que más estabilidad tienen.

No obstante, la nueva normativa también propone mayores requisitos de capital por riesgo de mercado para una serie de operaciones como las que involucran a derivados, operaciones de reporte o pactos de recompra y financiación de valores. Ello es consistente porque sus deficiencias se pusieron de manifiesto recién durante la época de crisis.

Otro tema es la constitución de provisiones y de capital contracíclicos. La idea es que las provisiones se engrosen o acumulen durante las etapas de expansión del ciclo crediticio, el cual en países normales coincide con el ciclo económico para poder ser usadas durante las etapas de contracción crediticia y no antes.

Es decir, los capitales y las provisiones deben captarse no cuando se necesiten, sino cuando estén disponibles para ser captadas en el mercado y en condiciones aceptables. Esto evidentemente también obliga a establecer restricciones a la actual distribución procíclica de dividendos que muchas veces en el pasado han terminado reduciendo el capital que luego se iba a necesitar para sobrevivir la parte contractiva del ciclo.

Para hacerse una idea de la magnitud de lo que se viene: ya hay estimados de que las entidades de crédito francesas y británicas, sobrevivientes de las crisis y que aún hoy superan el 8% de capital, con el cambio propuesto podrían verlo reducido a 5% y 4%.

Por tanto, se vienen poco más de 30 meses de un viaje que será tortuoso para los bancos y demás entidades de crédito que se encontraron en el centro de una de las crisis más grandes. Pero esto no significa que el viaje será demasiado más fácil para las entidades ubicadas en la periferia y que no se vieron contagiadas, sea porque realmente estuvieran más sólidas o sea porque la percepción actual haya sido sólo que tienen menos riesgo relativo que todas las otras: No obstante, ninguna de las dos situaciones será eterna y puede que ni siquiera dure tanto.

EFECTOS DE LA CRISIS Y LA MOROSIDAD CREDITICIA: ¿POR QUÉ SUBEN LAS TASAS DE INTERÉS?

La banca peruana no ha sufrido por la crisis financiera, ni de lejos, lo que ha sufrido la banca en EEUU o en los países de la Unión Europea, donde la mayoría de entidades más grandes, y supuestamente más sólidas, tuvieron que ser progresivamente rescatadas por el sector público. Esta intervención estatal fue necesaria debido a la incapacidad del sector privado dueño de estas entidades para aportar los mayores capitales que se requerían para enfrentar el progresivo mayor deterioro de su cartera, aunque en no pocos casos tampoco se pueda descartar su “natural” aversión al riesgo.

En tales circunstancias de crisis, el crédito deja de expandirse y, naturalmente, también se incrementan los indicadores de morosidad crediticia. En este escenario, ¿qué cabría esperar que hicieran las entidades de crédito con las tasas de interés que les cobran a sus clientes por sus créditos nuevos? ¿Acaso debieran subirlas como simplistamente razonan algunos? Para esbozar una respuesta más responsable sobre lo que ocurre, o debiera ocurrir, conviene revisar qué ha ocurrido con la banca en otros países más afectados por la crisis.

Por ejemplo, y gracias a su ahora bien reconocido sistema de supervisión, la banca española fue la que mejor soportó el contagio progresivo de la crisis hipotecaria originada en EEUU a mediados de 2007 y que se agravó en la segunda mitad de 2008: no tuvo que recurrir a solicitudes de rescate ni de su gobierno ni de su banco central como sí lo tuvieron que hacer numerosas entidades bancarias, y no bancarias, en los EEUU, en el Reino Unido y en otros países de la Unión Europea. No obstante, ello no evitó que el crédito deje de expandirse y se incrementen sus indicadores de morosidad.

Cuando estalló la crisis, en agosto de 2007, la tasa de morosidad crediticia española, medida por la proporción de créditos dudosos en el sistema de entidades de crédito, se encontraba en torno al 0.84%, un nivel en el que se mantenía desde mediados 2004. No obstante, en agosto de 2008 la morosidad ya se había incrementado a 2.53% (+169 pb) y cuando la crisis se agravó la morosidad se continuó incrementando: en agosto de 2009 a 4.94% (+241 pb) y en febrero de 2010 a 5.39% (+45 pb). Y claro, hasta mediados de 2007 el saldo de los créditos crecía a ritmos anuales que superaban el +20%, pero luego de iniciarse la desaceleración los créditos ya crecían a mediados de 2008 a ritmos menores del +10% anual. De hecho, a mediados de 2009 el crecimiento era prácticamente nulo y a marzo de 2010 incluso se volvió negativo.

¿Subieron entonces estas tasas de interés no corporativas en España al mismo ritmo que subió la proporción de créditos dudosos? Pues NO. Entre 2007 y 2008 la proporción de créditos dudosos subió, en promedio, de 0.81% a 2.07% (+126 pb) y entre 2008 y 2009 subió de 2.07% a 4.65% (+272 pb). Sin embargo, las tasas de interés anual equivalente de los créditos de consumo entre 2007 y 2008, en promedio, subieron de 9.76% a 10.89% (+113 pb), pero entre 2008 y 2009 bajaron de 10.89% a 10.53% (-45 pb). Asimismo, las tasas de interés anual equivalentes de los créditos a la pequeña empresa entre 2007 y 2008 subieron de 5.80% a 6.44% (+136 pb), pero entre 2008 y 2009 bajaron de 6.44% a 4.67% (-177 pb).

Por consiguiente, ¿qué explica ese “extraño” comportamiento en las tasas de interés cobradas por las entidades de crédito en España, divorciado de la evolución de las tasas de morosidad? Al igual que en EEUU, Reino Unido u otro país “normal”, la explica la política monetaria. Entre 2006 y 2008 la política monetaria en euros se había venido endureciendo progresivamente para mantener la estabilidad de los precios: en 2006 las tasas de interés de referencia habían subido en promedio en más de +75 pb, en 2007 en más de +100 pb adicionales y en 2008 subieron en +25 pb hasta que la crisis empeoró y se contagió, razón por la cual las tasas luego rápidamente bajaron en -325 pb entre octubre de 2008 y mayo de 2009. Por tanto, es la política monetaria, y no la mayor morosidad, la que explicó fundamentalmente el comportamiento de las tasas de interés de los créditos.

No obstante, en el Perú, uno de los representantes del banco más grande del sistema ha argumentado que, como los créditos de consumo y los créditos a microempresas han sido “afectados” por la morosidad, sus ya altísimas tasas de interés (luego haber venido subiendo) demorarán en reducirse. Un argumento miope, pero de apariencia “lógica”, que en los medios suele ser repetido casi hasta el cansancio.

En el Perú, cuando estalló la crisis en agosto de 2007, las tasas de morosidad de los créditos de consumo estaban en 3.07% y de microempresa en 3.95%, luego en agosto de 2008 bajaron a 2.47% (-60 pb) y a 2.99% (-96 pb) respectivamente. No obstante, a agosto de 2009 subieron a 3.09% (+62 pb) y a 4.80% (+181 pb) y en febrero de 2010 pasaron a cerrar en 3.03% (-6 pb) y a 5.35% (+55 pb) respectivamente. Pero claro, buena parte de esta explicación de caídas y subidas en la tasa de morosidad se debió a que entre agosto de 2007 y agosto de 2008 el saldo de créditos de consumo y el saldo de crédito a microempresa crecieron ambos a un temerario ritmo anual de más del 40%, pero a agosto de 2009 el crédito de consumo pasó a tener una tasa de crecimiento nula y el crédito a la microempresa apenas creció por encima del 10%, un ritmo que aún se mantenía a febrero de 2010.

Por consiguiente, ¿fueron bajando y luego subiendo las tasas de interés de los créditos de consumo y microempresa de la banca en el Perú al mismo ritmo que lo hizo la tasa de morosidad medida por la proporción de créditos atrasados? Pues, en promedio, SÍ. El promedio de las tasas de interés de los créditos de consumo en 2006 fue 39.81% y bajó a 36.76% (-305 pb) en 2007 y a 36.23% (-53 pb) en 2008, pero en 2009 subió a 42.76% (+653 pb). Y en el caso de las tasas de interés de los créditos a la microempresa de la banca, éstas bajaron de 40.12% en 2006 a 35.74% (-438 pb) en 2007, a 35.11% (-63 pb) en 2008 y a 33.96% (-115 pb) en 2009. Todas medidas en tasas de interés que no son "equivalentes" porque no incluyen las cada vez mayores y más numerosas comisiones relacionadas cobradas.

Ahora bien, si a ello añadimos que la política monetaria peruana en 2007 subió en +50 pb su tasa de referencia, subió +150 pb adicionales en 2008 y la redujo en -525 pb en 2009, comprobaremos que lo que más bien pareciera extraño en el Perú, y le es ajeno a la banca no corporativa, es el comportamiento de la política monetaria. El problema de esto es que desafía toda la estructura teórica sobre la que el banco central dice actuar en el sistema monetario.

Evidentemente la explicación de esta particular “lógica” para determinar las tasas de interés tampoco obedece a la lógica de una “real” competencia. Existiría más bien una estructura de mercado concentrada en la cual las entidades más grandes fijan sus tasas de interés de esta manera miope, y las demás entidades sólo tienen un comportamiento de seguidores, mas no de competidores. Si los líderes de la banca “libremente” reducen sus tasas de interés, el crédito se expande y las tasas de morosidad “observada” se reducen, lo cual retroalimenta y autocumple sus propias expectativas, alentándolas a reducir más sus tasas (algo que algunos interpretan tendenciosamente como feroz “competencia”). No obstante, cuando la banca contrae el crédito, la tasa de morosidad “observada” se incrementa, lo que las “autoriza” a subir sus tasas de interés y el proceso se revierte (sin que nadie se atreva a explicar cómo es que la feroz “competencia” desaparece).

¿De qué depende entonces que la banca suba o baje sus tasas de interés? Probablemente de los "espíritus animales" de algunos, pero de la política monetaria con seguridad que no. No obstante, esta miope forma como se determinan “libremente” las tasas de interés de los créditos, dependiendo de la evolución de corto plazo de las tasas de morosidad “observadas” y no de las pérdidas esperadas de largo plazo, no sólo denotaría un evidente desconocimiento de la sostenibilidad del “negocio bancario”, sino que introduce una perversa prociclicidad para todo el sistema en su conjunto.

¿CÓMO SE GESTIONA EL RIESGO ESTRUCTURAL DE BALANCE EN LA ACTIVIDAD BANCARIA?

En términos sencillos, para una entidad financiera el riesgo estructural de balance no es otra cosa que la posibilidad de enfrentar pérdidas cuando se mantienen descalces de tasas de interés, descalces de moneda o descalces de vencimiento en su balance y ocurren movimientos adversos en las curvas de tasas de interés, en los tipos de cambio o en la liquidez relativa en los mercados. Para entenderlo mejor, ejemplos hay varios.

Si una entidad de crédito, por ejemplo un banco o una caja de ahorros, tiene inversiones a tasas de interés fijas y fondeadas con deudas a tasas de interés variables en la misma moneda, entonces enfrentará pérdidas cuando las tasas de interés en dicha moneda suban. Las inversiones podrían estar constituidas por depósitos efectuados o por bonos adquiridos o por préstamos otorgados y las deudas podrían ser depósitos captados o créditos recibidos o bonos emitidos. Un perjuicio similar para la entidad ocurriría si, por el contrario, las tasas de interés bajaran, pero la empresa tuviera inversiones a tasa variable y deudas a tasa fija.

Con los descalces de balance por monedas extranjeras ocurre algo análogo: si el tipo de cambio de una divisa extranjera sube, la entidad que tenga menos inversiones que deudas en dicha divisa (pasivos netos en moneda extranjera), enfrentará pérdidas. Un efecto negativo similar ocurriría si, por el contrario, teniendo más inversiones que deudas en esa moneda extranjera (activos netos en moneda extranjera), el tipo de cambio baja.

Y con los descalces de vencimiento entre todas las deudas e inversiones también se pueden enfrentar pérdidas. Pierden las entidades que invierten a largo plazo endeudándose a corto cuando cambian las condiciones en la liquidez del mercado y se presentan dificultades para tomar nueva deuda para seguir financiando las inversiones. Pero también perderían las entidades si, estando endeudadas a largo plazo, invierten a corto y luego, por exceso de liquidez en el mercado, no encuentran operaciones rentables en qué invertir.

Peor aún, las situaciones anteriores, no sólo son las únicas posibles, sino que pueden suceder en diversas combinaciones, de manera simultánea o no, que pueden ir variando irregularmente a lo largo del tiempo, acumulando más posibilidades de generar pérdidas... como en tiempos recientes.

Pero todo no queda ahí. Si bien los ingresos provenientes de las inversiones pueden estar conformados por los intereses generados por depósitos en otras entidades, por los intereses de los préstamos otorgados al público y por los rendimientos de los valores emitidos por terceros, no todas esas rentabilidades varían en la misma magnitud cuando las tasas de interés suben, sino que a veces ni siquiera lo hacen en la misma dirección.

Asimismo, el costo de las deudas también puede estar conformado a su vez por los intereses con los que se ofrece remunerar los depósitos del público, por los intereses que se pagan por los préstamos de otras entidades o por el rendimiento exigido por los inversionistas a los valores emitidos en el mercado; no obstante, todos estos costos tampoco varían siempre en la misma magnitud y no pocas veces ni siquiera varían en la misma dirección.

Es decir, la caracterización de los escenarios reales de exposición a riesgo estructural de las entidades financieras en general se puede volver más y más compleja.

No obstante ello, para reducir esas posibles pérdidas por exposición a riesgo estructural, e incluso para poder sacarle partido a dichas situaciones, desde hace más de 40 años las diferentes entidades financieras han desarrollado lo que se denomina "la gestión de activos y pasivos".

En pocas palabras, la gestión de activos y pasivos podría ser definida como un conjunto de técnicas y procedimientos para asegurar una correcta toma de decisiones de inversión y endeudamiento teniendo en cuenta las relaciones entre los diversos componentes que se hallan dentro y fuera del balance de la entidad financiera involucrada y que son las que definen su perfil de riesgo estructural.

La gestión de activos y pasivos surgió como una rama de la ciencia financiera actuarial, la cual se ha venido desarrollando tanto en las entidades de crédito como en las entidades de seguros de diversos países, no sólo de países desarrollados. A inicios de los 80 los bancos más grandes en EEUU comenzaron a utilizar conscientemente una gestión de activos y pasivos. Y desde mediados de los 80 ocurrió lo propio con los bancos más grandes en Europa, los cuales a su vez empezaron a adquirir herramientas informáticas para conocer su propia exposición a dicho riesgo.

Objetivos

Los objetivos de la gestión de activos y pasivos son diversos, pero el principal es el de proteger tanto el margen financiero como el valor económico de la entidad, ante movimientos en las tasas de interés, en los tipos de cambio y en liquidez relativa. Para ello, ex-ante, facilita la toma de decisiones de inversión y endeudamiento que sean coherentes y óptimas con los niveles de rentabilidad y riesgo que cada entidad está dispuesta a asumir.

Otro objetivo no menos importante es la potenciación, ex-post, de la generación de resultados a través de la ejecución secuencial de estrategias de inversión, de arbitraje o de cobertura dentro de los niveles de riesgo predefinidos por la alta dirección de cada entidad. Para ello, la gestión de activos y pasivos busca adecuar el perfil del riesgo estructural a los cambios que se vayan produciendo en los mercados en los que opera en la entidad.

De este modo, las respuestas a estos cambios en los diversos mercados en los que se opera determinan el estilo de la dirección de cada entidad, cuyo abanico va desde las actitudes pro-activas, mediante las cuales los gestores de la entidad se anticipan al mercado o inclusive lo lideran, hasta las actitudes re-activas, donde los gestores únicamente se acomodan a los cambios en los mercados.

En cualquier caso, es fundamental que la alta dirección de cada entidad conozca claramente el estilo que utilizan sus administradores o gestores en cada momento, pues, ello condicionará el nivel de exposición a riesgo estructural, así como los productos que se ofrezcan y también los productos que se contraten.

Organización

En el marco organizativo general siempre se debe diferenciar entre la toma y el control del riesgo estructural, que incluye el manejo de la liquidez estructural de corto y largo plazo, en forma independiente del riesgo de mercado.

Para ello, se debe tener al menos un cuerpo colegiado encargado de definir los objetivos tácticos, de revisar periódicamente cómo los cambios en los mercados van afectando a esos objetivos y de tomar las decisiones necesarias para adecuar la situación de la entidad a los objetivos previamente definidos, tanto para la cartera de inversión como para la cartera de negociación, aunque en forma independiente.

Usualmente todas esas decisiones tácticas en las entidades están a cargo de un comité de activos y pasivos, el cual responde a las definiciones estratégicas aprobadas por la alta dirección, nivel éste donde también se aprueban las políticas y procedimientos respecto de la medición y control del riesgo estructural.

Así, en función a esas tácticas autorizadas, la unidad encargada de la tesorería toma todas las decisiones operativas necesarias para cumplir con ellas, en función a la evolución de los mercados y a los requerimientos y a las respuestas de las diferentes unidades de negocio. Por ello es fundamental la centralización de todos los flujos de fondos en la tesorería como pilar principal del manejo eficiente no sólo de la liquidez, sino de todo el riesgo estructural.

No obstante, cuando la tesorería está ocupada gestionando muy activamente la liquidez con importantes posiciones de negociación afectas a riesgo de mercado, un buen sistema de control interno justifica una unidad independiente de la tesorería y que sea responsable del planeamiento y la gestión financiera de todos los activos y pasivos que conforman la cartera de inversión.

Así, esta unidad independiente, cuando exista, propondrá estrategias de cobertura, de endeudamiento e de inversión y, además, propondrá los precios de transferencia para la evaluación de los resultados parciales de cada unidad.

Independientemente de ello, la unidad de riesgos sigue siendo la responsable de la revisión y validación de las metodologías utilizadas para evaluar el riesgo estructural, del control de los límites y alertas prefijados y de la implementación de políticas y procedimientos aprobados. Igualmente se encargará de controlar y revisar la efectividad de las estrategias de inversión, arbitraje y cobertura aprobadas a las áreas operativas.

No obstante, como ya se indicara antes, es la alta dirección de las entidades la que, en última instancia y a través de la aprobación general de los límites de riesgos y autonomías, establece el apetito y tolerancia de riesgo estructural de la entidad en su conjunto.

Herramientas

Finalmente, para el seguimiento del riesgo estructural se requiere, como mínimo, un conocimiento pormenorizado y permanente de las diferentes operaciones que conforman las posiciones de balance: fechas, monedas y tipos de tasas pactadas, tasas de transferencia asignadas, frecuencias de reprecio y ritmo de amortizaciones, calidad y cantidad de garantías, opcionalidades implícitas y demás características de cada uno de los contratos registrados en la contabilidad.

Cuanto mejor sea la calidad de información cargada en los sistemas, mejor se podrá armar las diferentes brechas por descalces de vencimiento, de divisas y de tasas de interés que se tendrán para cada una de las diferentes ventanas de tiempo móviles a analizar.

Y como fácilmente se puede deducir: a mayor estandarización, mayor facilidad para la gestión estructural de dicho balance. Por ello las entidades buscan no sólo la generación de economías de escala sino la generación de economías de alcance a través de la firma de contratos de adhesión en sus productos, replicando contratos modelo para todas sus actividades, lo cual también mejora la oportunidad de la disposición de datos mediante la automatización de su carga. Una diversidad creciente de contratos a medida, por el contrario, complicaría esta tarea.

De cualquier modo, la oportunidad y buena calidad de información son una condición mínima necesaria, pero no suficiente. El seguimiento del riesgo estructural también requiere el desarrollo y mantenimiento de sistemas y modelos que permitan conocer, no sólo el comportamiento actual sino el comportamiento histórico de las masas de balance ante diferentes entornos de tasas de interés, tipos de cambio y liquidez. Sólo sobre la base de ello se podrá esbozar con mayor certidumbre su posible comportamiento ante escenarios hipotéticos futuros.

El ideal es poder determinar el riesgo de cada una de las posiciones contractuales de manera multidimensional por líneas de gestión de operaciones. Esto permitiría un nivel adicional en la conciliación del seguimiento del riesgo con otras áreas de la entidad.

En consecuencia resulta evidente que las herramientas que se implementen para la gestión del riesgo estructural deben permitir hacer la medición cruzada de todos estos riesgos, incluido el de liquidez y el de tasa de interés por cada moneda extranjera, así como las posibles compensaciones en forma agregada por correlación, tanto en situaciones normales como en situaciones de estrés.

Más aún, las herramientas a utilizarse deben contar con ciertas funcionalidades mínimas para que pueda ser objeto de opciones variadas de parametrización y de cambios en las hipótesis de variación independiente de los índices de impagos y de prepagos, para que puedan capturar nuevas curvas y diversos tipos de cambio y para que puedan emitir reportes en función a la actualización de límites, de cupos, de niveles de confianza, etc.

Una ágil gestión de activos y pasivos requiere que se cuente con herramientas que permitan cargar diversas estrategias, tanto especulativas como de cobertura, con la finalidad de elaborar escenarios condicionales y ver, por anticipado, el impacto de la toma de decisiones sobre la estructura del balance. Las estrategias deben poder hacerse con derivados, con venta de cartera, con emisión de deuda, con compra de cartera, entre otras alternativas.

Una vez cargada toda esa información de insumo, y predefinidos los resultados exigidos a las herramientas implementadas, el éxito ya sólo dependerá de la potencia y versatilidad del motor de cálculo para poder hacer análisis estáticos, dinámicos o, inclusive, estocásticos, pero sobre todo del conocimiento, la experiencia y la capacidad del capital humano a cargo, como en la gestión de cualquier otro riesgo.

¿CÓMO SE GESTIONA EL RIESGO DE LIQUIDEZ EN LA ACTIVIDAD BANCARIA?

En tiempos normales, el manejo de la liquidez es parte del manejo diario de las operaciones de cualquier entidad de crédito, de aquellas entidades que realizan actividades bancarias. Esto es particularmente importante para las entidades de depósito, es decir, de las entidades que reciben depósitos del público como los bancos o las cajas municipales.

El riesgo de liquidez se refiere a las potenciales pérdidas asociadas a la incapacidad de una entidad para disponer de los fondos necesarios para realizar sus operaciones habituales en cada momento. Se trata de un riesgo inherente a toda entidad crediticia, pues, por lo general ésta presta a plazos mayores que los plazos a los que recibe sus pasivos.

De hecho, una parte importante de los pasivos de estas entidades está conformada por obligaciones con el público bajo la modalidad de depósitos a la vista y de ahorros, los cuales en el Perú deben estar disponibles para que sus dueños dispongan de ellos en el momento que mejor juzguen conveniente. Por ello, como en otros países, los depósitos a la vista (cuentas corrientes) y los depósitos de ahorros son los pasivos que mayor volatilidad tienen.

Por ejemplo, al cierre de 2009, casi el 74% de los pasivos de los bancos están conformados por depósitos del público y de dichos depósitos el 27% son depósitos a la vista y 23% depósitos de ahorro. Mientras tanto, en el caso de las cajas municipales, el 77% de sus pasivos son depósitos del público y de dichos ellos el 0% son depósitos a la vista y el 20% son depósitos de ahorro.

Sin embargo, el manejo de la liquidez no sólo sirve para demostrar al mercado que la entidad es segura y, por lo tanto, capaz de hacer frente a sus deudas (con sus clientes del pasivo). También sirve para lograr que el mercado tenga confianza en la entidad al tener un nivel adecuado de liquidez en recursos líquidos.

El manejo adecuado de la liquidez también es necesario con el objetivo de que la entidad tenga la capacidad para hacer frente a sus compromisos con sus clientes del activo. Por ejemplo, debe poder cumplir oportunamente con los compromisos derivados de la aprobación de préstamos puntuales y del mantenimiento de líneas de crédito disponibles en general.

Para atender estas y otras obligaciones que tienen con los clientes del activo y los clientes del pasivo, las entidades deben evitar incurrir en pérdidas por la venta inesperada de su portafolio de inversiones. De lo contrario, se les incrementarían los costos a la entidad.

Pero al mismo tiempo, sólo si la entidad tiene una buena posición de liquidez podrá evitar que se incremente la prima de riesgo que le exigen pagar y se refleja en las mayores o menores tasas de interés que pacte para obtener fondos en el mercado.

De otro lado, si la entidad no acude excesivamente al mercado interbancario de su país, también evitará una mayor intervención y seguimiento de las autoridades monetarias y de supervisión.

El manejo adecuado de la liquidez de dichas entidades tiene, pues, una serie de objetivos que han ido cambiando y perfeccionándose a lo largo del tiempo, especialmente en los países desarrollados.

Por ejemplo, hasta antes de 1920, las entidades buscaban invertir en activos que fueran autoliquidables en el corto plazo, es decir, préstamos cuyo destino garantice la pronta recuperación de fondos. De este modo las entidades sólo se concentraban en financiar inventarios y cuentas por cobrar de los negocios, pero se dejaba desatendido el financiamiento de inversiones de medio y largo plazo y los créditos dirigidos a las familias (créditos para consumo y para vivienda).

Entre 1920 y 1930, a raíz de la expansión del mercado de valores en la actividad bancaria se extendió la idea de que disponiendo de una reserva secundaria de liquidez compuesta por inversiones en activos financieros de fácil transmisión se podría incursionar en préstamos de largo plazo. De este modo, si algunos depositantes solicitaban sus fondos, las entidades vendían pronto los valores de sus inversiones líquidas para pagarles.

Pero luego, entre 1940 y 1960, empezó a prevalecer la idea de que en los préstamos, con independencia de sus plazos, debía enfatizarse en la generación de una corriente de flujos de caja que, en agregado, garantice a la entidad un flujo de fondos periódico en el futuro suficiente para hacer frente a sus necesidades de liquidez. Así, los bancos prestaban una especial atención al diseño de la estructura de pagos de capital e intereses de cada crédito, de modo que podía tenerse una presencia más activa en el mercado de créditos de medio y largo plazo.

Y no es sino hasta después de 1960 cuando aparece la gestión de pasivos. Es decir, la liquidez que necesita una entidad en cualquier momento puede ser atendida no sólo por la venta de activos, sino a través de la emisión de nuevos pasivos, es decir, con otras deudas. El desarrollo de los mercados interbancarios, los certificados de depósito negociables y las líneas de financiamiento externas facilitaron en forma casi automática los fondos líquidos que pudieran ser requeridos.

Ahora bien, en épocas de crisis bancarias, usualmente desencadenadas o agravadas por corridas bancarias, todas las entidades pueden tener que vender sus valores al mismo tiempo con la consiguiente caída en los precios de mercado de dichos activos y la generación de pérdidas. Esto limita seriamente la capacidad de usar a las inversiones como reserva secundaria de liquidez.

Peor aún, la reciente crisis financiera de EEUU, y que luego se contagió a otros países desarrollados, transformada en una crisis bancaria, puso en evidencia que ésta no sólo se puede producir por una típica corrida de depósitos, cuando el público se niega a renovar los préstamos que concede a los bancos mediante los depósitos que hace. Sino que la crisis también se puede desencadenar por una “corrida financiera”, es decir, cuando los inversionistas se niegan a comprar los valores que las entidades venden en los mercados para obtener liquidez, dejando cortada toda posibilidad de normal gestión de pasivos.

Y es ahí cuando, para la supervivencia de las entidades, se hace necesario acceder a las famosas operaciones monetarias con el banco central. Un problema de liquidez mal controlado, inclusive en las entidades más solventes, puede devenir en la quiebra.

En todos países desarrollados, todas las entidades de crédito tienen igual acceso al banco central, se llamen o no bancos. No obstante, en el Perú esto sigue sin suceder, lo cual evidentemente beneficia a unas entidades y perjudica a otras. Esto a la larga promueve una competencia desleal, entre las entidades que acceden al banco central y las que no acceden, y, lo que es peor todavía, atenta contra el sistema de pagos mismo que depende de todas estas entidades y que es función básica del banco central proteger.


Artículo basado extractos parciales del trabajo de investigación de JIMÉNEZ, Renzo y Claudia MONSALVE (2000) “Medición y control del riesgo de liquidez en las instituciones financieras”. Universidad del Pacífico. Lima.

¿Y AHORA QUÉ PASÓ CON EL TIPO DE CAMBIO DEL DÓLAR?

Cada vez hay más gente sorprendida con la evolución del tipo de cambio... y no es para menos. Después de haber alcanzado máximos hace casi siete años, entre setiembre y octubre de 2002, superando incluso los S/. 3.65 por cada dólar, la tendencia del tipo de cambio había sido a la baja, al menos hasta principios de abril de 2008 cuando llegó a caer incluso por debajo de S/. 2.70. Esta tendencia sólo fue interrumpida temporalmente por el ataque especulativo del proceso electoral de 2006.

Sin embargo, a fines de abril de 2008 el tipo de cambio empezó una carrera alcista que, en menos de un año, lo llevó rápidamente a superar los S/. 3.25 a principios de marzo de 2009. Esto fue visto por no pocos como el regreso de la antigua fortaleza del dólar y de su viejo y falaz paradigma sicológico “el tipo de cambio del dólar debe volver a subir”. Pero entre marzo y abril de 2009 el tipo de cambio volvió a caer, incluso hasta S/. 2.98, entonces ¿qué es lo que está pasando?

Como se recuerda, entre agosto y octubre de 2008, y a medida que avanzaba la crisis financiera en el exterior, el tipo de cambio del dólar frente a la mayoría de las monedas del mundo se vio afectado por el cambio abrupto en las estrategias de los inversionistas internacionales. En el Perú esto conllevó a la salida de capitales del mercado local, propiedad de inversionistas no residentes, con la consiguiente compra de dólares, y al desarme de posiciones especulativas a favor del sol en el mercado de dólares a plazo, las cuales también habían estado presionando el tipo de cambio a la baja.


Este contexto alcista del tipo de cambio, y el deterioro de la balanza comercial como consecuencia del fuerte crecimiento de las importaciones y de la contracción de las exportaciones, también fue aprovechado, entre diciembre de 2008 y febrero de 2009, tanto por bancos como por inversionistas locales, incluyendo a los administradores de fondos. De esta forma, la presión al alza iniciada por los inversionistas del exterior no residentes fue luego reforzada por el incremento en la toma de posiciones especulativas por parte de inversionistas y bancos locales.

Así, si bien el tipo de cambio del dólar pasó de S/. 2.77 a S/. 3.14 entre inicios de agosto y principios de octubre, luego el tipo de cambio pasó de un promedio de S/. 3.12 en diciembre de 2008 a un máximo momentáneo de S/. 3.29 en febrero de 2009.

En el primer caso, el público, que incluye a los inversionistas no residentes, pasó de efectuar compras netas por 50 millones de dólares al contado en agosto de 2008 a hacer compras netas por 943 millones en setiembre y por 1,872 millones en octubre. En contraste, en el segundo caso, el público pasó de efectuar ventas netas de dólares al contado a los bancos por 160 millones de dólares en diciembre a compras netas al contado por sólo 203 millones en enero y 472 millones en febrero.

La diferencia se halló en las apuestas especulativas de los inversionistas y bancos locales: el saldo de compras de dólares a futuro sin entrega a los bancos, las apuestas de los inversionistas, pasaron de 306 millones de dólares a fines de noviembre de 2008 a un máximo de 1,462 millones de dólares a fines de febrero de 2009, mientras que las apuestas de los bancos locales en el mismo periodo pasaron de 714 millones a 1,459 millones de dólares, a través del incremento de sus propias posiciones de cambio.

Pero ¿qué pasó entre marzo y abril de 2009? Lo que sucedió es que el contexto internacional alcista para el dólar, que se generó entre setiembre y noviembre de 2008, cambió. El tipo de cambio del dólar frente a las otras monedas había subido sólo como resultado de una externalidad inevitable del proceso de aversión al riesgo en el exterior: para comprar las letras y bonos de EEUU, supuestamente considerados los activos más seguros del mundo, los inversionistas internacionales tuvieron que vender los activos de mayor riesgo, entre ellos acciones y bonos de otros países, los cuales se encuentran denominados en otras monedas. La externalidad se produce no porque se deseara poseer dólares, sino porque las letras y bonos de EEUU no se emiten en otra moneda que no sea en dólares. De este modo, a medida que los precios de acciones y bonos no estadounidenses se desplomaban, por ser menos demandados, el tipo de cambio del dólar, sin proponérselo ni justificarlo, subía.


El detalle es que este proceso no podía ser eterno. Entre enero y febrero de 2009 progresivamente se había empezado a corregir la aparentemente insaciable demanda por letras y bonos de los EEUU. Esto hizo, primero, que se empezaran a demandar otros activos de mayor riesgo en la misma moneda, como los bonos globales emitidos en dólares por el Perú y muchos otros países en desarrollo, cuyos rendimientos empezaron a caer, y luego, hacia fines de marzo se reactivó la demanda por otros bonos con bajos precios (altos rendimientos), como los denominados en otras monedas. Y es que ese detalle parece que no fue previsto, o fue mal calculado, por los bancos locales en sus apuestas. El tipo de cambio pasó de más de S/. 3.25 a fines de febrero hasta S/. 3.15 a fines de marzo y hasta menos de S/. 3.00 a fines de abril, pese a que la posición global de los bancos se mantuvo positiva en torno a 1,250 millones de dólares, lo cual evidentemente les generó fuertes pérdidas cambiarias. Mientras tanto las apuestas especulativas (compras de dólares a plazo sin entrega), que en febrero superaron los 1,450 millones de dólares, en abril cerraron en menos de 700 millones de dólares.

¿Qué pasará con el tipo de cambio? Si bien se han deteriorado los fundamentos del sol por políticas nacionales que serían largas de comentar, el hecho es que los fundamentos del dólar se hallan mucho más deteriorados que los del sol y casi cualquier otra moneda. Algo así como que si bien el precio del sol debiera ser menor que el que tenía hasta hace más de un año (más soles por cada dólar), el precio del dólar debería ser mucho menor aún (más dólares por cada sol u otra moneda), especialmente a raíz de las medidas implementadas por el gobierno de EEUU y por su banco central que los emite. Esto implica que actualmente no hay fundamentos sólidos para una especulación sostenible en contra del sol, al menos a favor del alza del tipo de cambio del dólar frente al sol, salvo que el banco central peruano la aliente o permita, como ha venido sucediendo en la mayoría de casos recientes.

LAS TASAS DE INTERÉS “AJUSTABLES”: ¿EL ORIGEN DE LA CRISIS INMOBILIARIA EN EEUU?

En los EEUU la gran mayoría de créditos hipotecarios tradicionalmente se han concedido a tasas de interés fijas, es decir, los créditos se han solido estructurar con cuotas mensuales fijas durante plazos que oscilaban entre 15 y 30 años. Obviamente un crédito a tasa fija no representa mayor incertidumbre para los deudores: todos los meses las cuotas siempre serán las mismas. Y a partir de ellas se logró desarrollar un enorme mercado secundario de hipotecas, primero con agencias que compraban directamente dichos créditos y luego con la emisión en el mercado de instrumentos cuyo pago estaba respaldado por paquetes de dichos créditos hipotecarios.

En 1938 el Gobierno había creado una agencia federal, la FNMA (conocida como Fannie Mae), para el desarrollo de viviendas a nivel nacional. El mandato de esta agencia era el de comprar los créditos hipotecarios que estuvieran ya sea garantizados o asegurados por otras entidades gubernamentales. Y ello se hizo con la finalidad de que los bancos y demás intermediarios financieros tuvieran siempre recursos para continuar prestando, aún cuando hubieran corridas bancarias o hubieran incrementos de morosidad que eventualmente les hubiera impedido seguir concediendo más créditos.

Asimismo, en 1968 se creó una agencia gubernamental, la GNMA (conocida como Ginnie Mae), la cual se encargó de realizar las mismas actividades, pero esta vez relacionadas a préstamos hipotecarios para familias de bajos ingresos. De hecho, en 1970, dicha agencia institucionalizó la titulización de paquetes de créditos hipotecarios que estuvieran asegurados o garantizados por entidades gubernamentales como la Administración Federal de Vivienda o la Administración de Veteranos. Y casi simultáneamente se creó otra agencia patrocinada por el Gobierno, la FHLMC (conocida como Freddie Mac), para que desarrolle el mercado secundario de préstamos hipotecarios que no tenían ninguna garantía del gobierno. ¿El resultado? El mercado hipotecario se fue convirtiendo en uno de los de mayor capitalización con un tamaño similar al de los títulos del Tesoro de los EEUU. Todo ello producto del claro incentivo a la estandarización de los créditos hipotecarios.

Dadas tales condiciones, el total de activos a tasa de interés variable a principios de 2001 era apenas la quinceava parte del total de hipotecas a tasa fija (menos del 7%). Sin embargo, si bien hasta diciembre de 2000 la Reserva Federal había mantenido sus tasas de interés de referencia en 6.50%, en enero de 2001 inició uno de los procesos de reducción de tasas de interés más rápidos de su historia. En diciembre del mismo 2001 la tasa llegó a apenas 1.75% y luego se fue reduciendo más, hasta 1.00%, tasa que se mantuvo desde junio de 2003 hasta mayo de 2004.

Fue en dicho periodo de más de 3 años en el que la abundancia de dinero barato, el insaciable deseo de lucro y la pobre regulación financiera generaron las condiciones perfectas para que el mercado hipotecario de EEUU desarrollara una debilidad estructural nunca antes vista. No sólo ganó atractivo el endeudarse a tasas de interés variables, cuyo valor de cuotas se reduce cada vez más a medida que las tasas de interés bajan, mientras que las deudas a tasa fija no lo hacen, sino que la industria financiera innovó una serie de prácticas poco ortodoxas que poco a poco fueron introduciendo vulnerabilidades estructurales al sistema. No sólo se generaron créditos hipotecarios a tasas de interés variables, sino que en realidad se desarrollaron créditos hipotecarios a tasas de interés realmente “ajustables”. Y no se trató de una diferencia meramente semántica.

En sentido estricto, las tasas de interés variables efectivamente varían, pero lo hacen porque también varía el índice de mercado al cual se pactó hacerlas variar. Por ejemplo, el cálculo de intereses puede depender de una tasa de interés de corto plazo como la tasa LIBOR a un mes o puede depender de una tasa de interés de un plazo más largo como el rendimiento a un año o a tres años de los títulos del Tesoro de los EEUU. Y esto tiene sentido si se considera que las tasas de interés del mercado se reducen cuando a la economía no le va muy bien (y cuando posiblemente crece el desempleo y no hay mayores aumentos de sueldos y salarios) y, por el contrario, las tasas se incrementan cuando a la economía le va demasiado bien (y cuando cada vez hay menos desempleo y hay mayores aumentos de sueldos y salarios). Así, las reducciones y subidas de tasas de interés de mercado hacen que los montos de intereses por pagar también se reduzcan o suban de manera cíclica, sincronizada favorablemente con las condiciones económicas que enfrentan los deudores de los créditos.

En cambio, cuando un deudor pacta un crédito hipotecario a tasa “ajustable”, en realidad pacta su “ajuste” a un conjunto de reglas más complejas. Es posible que su cuota mensual aumente, y mucho, a pesar de que las tasas de interés del mercado no aumenten. O es posible que sus cuotas no bajen mucho, o no bajen nada, a pesar de que las tasas de interés del mercado sí bajen. De hecho, bajo este tipo de créditos hipotecarios es posible que el deudor termine debiendo más de lo que pidió prestado, a pesar de haber pagado puntualmente todas sus cuotas. Es decir, el problema no es originado por las tasas de interés variables del mercado, sino por el exceso de libertad (¿libertinaje?) en un mercado que por definición debiera haber sido mejor regulado con la finalidad de asegurar la consistencia y armonía entre los intereses privados individuales y los intereses sociales colectivos.

¿Pero cómo fue esto posible? Primero, debe entenderse que la mayoría de créditos a tasa ajustable han sido diseñados para que sean más económicos en el largo plazo que los créditos a tasa fija si y sólo si las tasas de interés del mercado bajan, o al menos no suben. Y ello es tautológicamente imposible que ocurra en créditos hipotecarios que, por definición, son de tan largo plazo. En cambio, en dichos créditos normalmente se reciben tasas iniciales más bajas a cambio de asumir más riesgo en el largo plazo. Y eso sólo es sostenible si el deudor tuviera la certeza de que aumentarán sus ingresos cuando suban los intereses y que, además, no tendrá otras nuevas deudas importantes en el futuro.

Segundo, para entender las paradojas existentes en el comportamiento de dichas tasas, debe tenerse muy claro las particulares características de los créditos a tasa ajustable, las cuales generan tan particulares propiedades. Una primera característica que debe ser tomada en cuenta es la “vigencia” de la tasa de interés de oferta inicial, que usualmente oscila entre un mes y cinco años, luego de ese periodo la tasa aumentará, así las tasas del mercado bajen, y obviamente si la tasa aumenta, la cuota mensual también lo hará. Una segunda característica es el “periodo de ajuste”, lo que significa que los intereses pueden variar cada mes, o cada trimestre, o cada año, o cada tres o cinco años, pero obviamente los periodos de ajuste de plazo muy corto harán variar más fuertemente el monto de las cuotas, lo que dificulta más el planeamiento de sus pagos.

Otras dos características cruciales son el “índice” y el “margen” que componen la tasa de interés total del crédito hipotecario, pero la fuente de diferencias entre las tasas variables del mercado y las tasas ajustables provienen de la existencia de límites o topes a las variaciones de las tasas de interés. Inclusive los límites mismos también pueden variar en el tiempo, mientras que la magnitud del margen más bien suele depender inversamente de la cantidad de documentación y buen historial del deudor. Es decir, no es poco frecuente que algunos préstamos a tasa ajustable no permitan que la tasa se ajuste hacia abajo, mientras que en los préstamos que no pudieron subir su tasa por completo, debido a un tope, podría ocurrir que trasladen al futuro los ajustes de tasas no efectuados, a pesar de que en el futuro no haya incrementos de tasas.

Más aún, debido a que algunos de los préstamos a tasa ajustable tienen topes de pago que limitan la cantidad en la que puede aumentar las cuotas mensuales en cada ajuste, los intereses no pagados se sumarán al saldo del préstamo, con lo cual los préstamos se amortizarán “negativamente”. Así, cuando se efectúe el recálculo de la deuda, usualmente cada 5 años, se podrá tener más deuda que al principio, sobre todo si las tasas de interés subieron con más rapidez que los pagos, con lo cual después el pago mensual posterior puede aumentar, y mucho. Y este escenario es precisamente el escenario que sucedió entre junio de 2004 y junio de 2006, periodo de 2 años en el cual las tasas de referencia de la Reserva Federal subieron de 1.00% a 5.25%, intervalo en el cual el cargo por intereses podría haber subido más de 400%, dependiendo de la tasa total pactada.

Por tanto, ahora ya no es tan difícil hacerse una idea del problema generado y la razón por la cual la misma Reserva Federal ha tenido que empezar a bajar sus tasas de interés a una velocidad mucho mayor. Sólo entre setiembre de 2007 y marzo de 2008, en poco más de 6 meses, las tasas de interés ya han bajado de 5.25% a 2.25%, lo que en el extremo podría haber reducido el cargo por intereses en casi 50%. Y es que no son pocos los créditos hipotecarios a tasa ajustable que se aprobaron con pagos de sólo intereses por plazos de ¡3 a 10 años! Sin hablar de la opción que tienen muchos de estos créditos de pagar todos los meses un pago mínimo que ni siquiera cubre los intereses (¡más amortización negativa!). He ahí el origen de la explicación de la crisis inmobiliaria y de la cada vez mayor desesperación del Gobierno por generar medidas para ayudar al sector y a los deudores involucrados, propietarios de las viviendas hipotecadas. Los precios inmobiliarios han sufrido su mayor caída desde la Gran Depresión de 1929.

Ahora se puede percibir mejor la dimensión del daño estructural generado, no sólo a la economía de los EEUU y muchas de sus instituciones financieras, sino a los bancos e intermediarios de otros países que compraron ciegamente los instrumentos ligados a créditos hipotecarios de esta naturaleza. Créditos que, además, como las cuotas habían bajado espectacularmente, habían sido otorgados masivamente a deudores que nunca antes habrían calificado para dichos créditos (hipotecas de baja calidad, denominadas hipotecas subprime).

La responsabilidad entonces no sólo fue la de los bancos comerciales que generaron dichos créditos, ni la de los bancos de inversión que empaquetaron tales créditos para su venta en el mercado mundial, ni la de las agencias clasificadoras de riesgo que bendijeron con calificación de AAA a los títulos que estaban respaldados con tales hipotecas, sino que la responsabilidad también fue, sobre todo, la de la regulación financiera misma que permitió que todo esto se concretara. Que se potenciara al infinito un riesgo no diversificable, el riesgo crediticio derivado del riesgo de tasas de interés. Un ejemplo que sin duda, ningún regulador en el mundo debe olvidar, ni mucho menos seguir.