¿CÓMO ESCOGER LA MEJOR MODALIDAD DE JUBILACIÓN PRIVADA? ALGUNAS PAUTAS

A medida que va pasando el tiempo, no sólo el número de afiliados al aún joven sistema privado de pensiones se ha venido incrementando, sino también el número de afiliados que empieza a alcanzar los requisitos mínimos para solicitar una jubilación. De hecho, ellos no son los únicos que tienen que escoger una modalidad de pensión de jubilación, también tienen que tomar dicha decisión los afiliados que quedan inválidos y los herederos legales que sobreviven a la muerte de un afiliado.

Para darnos una idea: a junio de 2011 ya existían 53,285 pensionistas por jubilación, 6,810 pensionistas por invalidez y 43,788 pensionistas por sobrevivencia. Y sólo entre junio de 2010 y junio de 2011 se habían generado 7,549 nuevos pensionistas por jubilación, 683 nuevos pensionistas por invalidez y 2,859 nuevos pensionistas por sobreviviencia. Es decir, los pensionistas por jubilación vienen creciendo a una tasa anual promedio de casi 18%, mientras que los de pensionistas por invalidez lo hacían a más del 12% y los pensionistas de sobrevivencia a más del 8%.

Si bien actualmente hay en total más de 100,000 pensionistas, hoy también hay más de 4'750,000 afiliados activos que en algún momento también tendrán que decidir bajo qué modalidad jubilarse, y esta cifra seguirá incrementándose a medida que el sistema se consolide. Por tanto, cada vez más afiliados al sistema privado de pensiones, o sus sobrevivientes, tendrán que hacerse la misma pregunta: ¿cómo escoger la mejor modalidad de pensiones de entre todas las disponibles?

Para hacer la explicación más didáctica, convendría simplificar el análisis señalando que en el fondo sólo existen dos figuras fundamentales a partir de las cuales se pueden construir todas las modalidad básicas de pensión que actualmente se ofrecen en el sistema. La primera figura consiste en comprarle a una compañía de seguros una póliza de renta vitalicia y la segunda figura consiste en quedarse con todo lo ahorrado en un fondo de pensiones e ir retirándolo de forma programada. ¿Cuál es la diferencia? Simplemente la incertidumbre que todos tenemos sobre la muerte y la forma como se comportará la rentabilidad bajo cada modalidad según evoluciones los mercados financieros.

En el caso más fácil de estandarizar, en el que los afiliados logran tramitar su pensión por jubilación, ¿cómo saber cuántos años más vivirán después de que les sea aprobada su solicitud de jubilación? Esbozar la respuesta a esta pregunta es clave para la elección de la modalidad a elegir, pero también lo es para las entidades financieras involucradas, tanto para las compañías de seguros de vida como para las administradoras de fondos de pensiones.

En la primera figura fundamental, la de comprar una póliza de renta vitalicia, teóricamente las compañías de seguros de vida determinan las rentas que ofrecen haciendo cálculos actuariales principalmente a partir de la evolución dos variables básicas: de la esperanza de vida de la población y de la rentabilidad esperada en los diferentes mercados financieros y opciones en las que se les permite invertir.

Según el INEI, actualmente la esperanza de vida de los nacidos en el Perú entre 2010 y 2015 es de 73.1 años, pero si lo desagregamos por departamentos podremos ver, por ejemplo, que la esperanza de vida para los nacidos en Huancavelica es de 68.6 años, para los nacidos en Madre de Dios es de 71.0 años y para los nacidos en Ica es de 76.3 años. Sin embargo, los que van a jubilar en los próximos años no han nacido entre de 2010 y 2015, por ello es necesario que los cálculos actuariales consideren la evolución que en el pasado han tenido los años promedio que han vivido las personas desde que se jubilaron antes hasta que efectivamente fallecieron. Sólo así podrán hacer sus proyecciones más precisas de cuántos años en promedio vivirán en el futuro las personas que hoy empiezan a tramitar su jubilación.

Pero la esperanza de vida no es la única variable importante, también lo es la rentabilidad esperada por las inversiones que haga la compañía de seguros con los fondos recibidos inicialmente y que serán la fuente de renta con la que pagará a sus pensionistas. Según la SBS, la rentabilidad nominal anual promedio de las inversiones de las compañías de seguros en 2007 fue de 11.03%, en 2008 fue de 9.36%, en 2009 fue de 6.77% y en 2010 fue de 8.20%. ¿Cuánto será la rentabilidad esperada para los próximos 5, 10, 15 o más años? Recién haciendo ambos pronósticos, y deduciendo su propia ganancia o rentabilidad objetivo, las compañías de seguros podrán decidir cuál será el monto de renta mensual que deseen y puedan asegurar, de por vida, a los afiliados por cada sol que tengan acumulado en su fondo de pensión al momento de comprar su renta vitalicia.

De este modo, teóricamente los pensionistas que fallecen antes de lo esperado dejan sus fondos y rendimientos no utilizados para atender a los pensionistas que viven más allá de los esperado, de modo tal que, en el agregado, haya una compensación sistemática que no ponga en riesgo la solvencia de la compañía de seguros de vida en el futuro. La idea es que si no hay herencia de deudas por los pensionistas que viven más allá de lo estimado, tampoco hay herencia de ahorros por los que viven menos.

Por ello el mercado de las entidades de seguros, que recibe ahorros contractuales del público, requiere ser fuertemente supervisado, de manera análoga al mercado de las entidades de depósitos, que recibe ahorros no contractuales del público. La quiebra de una compañía de seguros de vida tendría consecuencias muy negativas para todo el sistema, pues, los clientes de las mismas se quedarían desprotegidos y sin poder recuperar o cobrar la prestación (pensión) que compraron para su futuro, justo cuando dejan de poderse valer económica y financieramente por sí mismos.

¿Qué pasa si no se desea comprar una renta vitalicia a una compañía de seguros de vida? La opción alternativa es quedarse con una administradora de fondo de pensiones, es decir, el ahorro acumulado es administrado de tal forma que, en forma programada cada año, se recibe un monto mensual en función a la esperanza de vida y a la rentabilidad realmente obtenida por el ahorro acumulado. Esa es la segunda figura fundamental. El análisis de esperanza de vida es similar al que efectúa una compañía de seguros, pero la rentabilidad dependerá del grado de riesgo que se le permita asumir al fondo. Según la SBS, una vez deducida la tasa de inflación anual efectivamente ocurrida, la rentabilidad real anual promedio de todos los fondos de pensiones tipo 1, los de menor riesgo, fue de +16.7% en 2007, -4.5% en 2008, +3.5% en 2009 y +7.3% en 2010.

De este modo, si se escoge permanecer en una administradora de pensiones, el saldo y la rentabilidad no utilizados en pagar una pensión programada sí constituye herencia, en caso que el pensionistas fallezca antes de lo esperado. Sin embargo, si el pensionista vive más allá de lo previsto, existe la posibilidad que la pensión programada se reduzca o inclusive se acabe antes. En ninguno de los dos casos hay responsabilidad alguna para la administradora de fondos de pensiones, administradora que inclusive podría quebrar sin poner en riesgo los fondos que administra.

Por consiguiente, las actuales cinco modalidades básicas de pensión de jubilación bien pueden ser caracterizadas de la siguiente forma:

a) Retiro programado: Es igual a la segunda figura fundamental, no interviene una compañía de seguros, y la pensión en soles es actualizada cada año.

b) Renta vitalicia: Es igual a la primera figura fundamental y la pensión se puede recibir en soles reales (protegido contra la inflación futura, sea cual sea) o en soles nominales ajustados anualmente por un porcentaje fijo de 2% (desprotegido contra una inflación mayor al 2%) o en dólares nominales ajustados anualmente por un porcentaje fijo de 2% (desprotegido contra una inflación mayor al 2% y contra una depreciación mayor al 2% del tipo de cambio del dólar o contra una combinación de ambas).

c) Renta temporal con renta vitalicia diferida: Es una combinación de las dos primeras modalidades básicas, la parte temporal es igual a la de retiro programado y la parte definitiva es posterior en igual a la renta vitalicia.

d) Renta mixta: Es una combinación de las dos primeras modalidades básicas, pero simultáneamente, una parte del fondo de pensiones se usa para retiro programado y la otra parte para renta vitalicia.

e) Renta vitalicia bimoneda: Es igual a la segunda modalidad básica, pero escogiendo simultáneamente una parte en soles nominales ajustados el 2% (desprotegido contra una inflación mayor al 2%) y otra parte en dólares nominales ajustados al 2% (desprotegido contra una inflación mayor al 2% y contra una depreciación mayor al 2% del tipo de cambio del dólar o contra una combinación de ambas).

En resumen, si un afiliado escoge comprarle una renta vitalicia a una compañía de seguros, se libra de la incertidumbre de la muerte sobre vigencia de su pensión en el futuro, renunciando a una eventual mayor rentabilidad en volátiles mercados financieros, aunque en no todas las opciones el afiliado se libra del riesgo de inflación de precios o del riesgo cambiario por depreciación del dólar o de una combinación de ambos. En cambio, si un afiliado escoge seguir siendo propietario de su fondo de pensiones, tal vez pueda capitalizar una mejor rentabilidad y pensión, e inclusive tal vez pueda dejar una menor o mayor herencia, según se sea más o menos logevo de lo esperado, lo que no impide tomar la otra opción en el futuro, según las circunstancias de cada caso.

PENSIONES DE JUBILACIÓN: CÉDULAS VIVAS Y OTRAS INEQUIDADES

Hay al menos tres palabras clave que deben tenerse en cuenta cuando se habla del rediseño o de la reforma de cualquier régimen de pensiones: sostenibilidad, equidad y transparencia.

Primero, el que todo sistema de pensiones deba ser sostenible significa que el sistema, en su conjunto, debe ser capaz de mantenerse por sí mismo, sin merma de recursos (¿ahorros?) preexistentes y sin ayuda (¿subsidio?) de terceros ajenos al sistema.

Por ejemplo, si una persona gastara continuamente más que lo que gana, su estilo de vida se basaría en la insostenibilidad: primero, devoraría todos los ahorros que pudiera haber tenido y, luego, se endeudaría hasta quebrar por sobreendeudamiento, si es que un tercero, un "ahorrador" que gaste menos que lo que gana, no lo “ayuda” persistentemente. A nivel macro, ocurre lo mismo.

¿Cómo entonces se debiera financiar un sistema de pensiones para un grupo de personas sin recurrir al subsidio (ayuda) persistente de terceras personas? Se tiene que financiar necesariamente con los ingresos que se obtengan por aportes de los propios futuros pensionistas de ese sistema de pensiones. Si los aportes fueran muy bajos o se realizaran por muy poco tiempo, el sistema evidentemente devendría en insostenible.

Segundo, el que todo sistema de pensiones deba ser equitativo significa que debe estar diseñado con una clara vocación por el respeto de la más básica noción de justicia natural. Diferenciar entre justicia y legalidad es muy importante porque en no pocos casos la legalidad no sólo es arbitraria sino que, a veces, inclusive deviene en injusta, razón por la cual dicha legalidad debe ser rectificada (para que no sea injusta con los demás). Que cada quien reciba en proporción a lo que haya aportado, es un simple acto de justicia natural.

Así, si una persona guarda más que otra persona, es natural que al final una tenga acumulado más que la otra. O si una persona guarda cada mes lo mismo que otra, pero lo hace persistentemente durante más meses, también es natural que al final una acumule más que la otra. En eso se basa el esquema de ahorro más simple. Y a nivel macro, con los sistemas de pensiones, pasa lo mismo.

Entonces, ¿por qué un grupo de personas que haya aportado en total menos podría tener “derecho” a recibir una cantidad mayor que la que le corresponde? Puede que algún legislador haya declarado ese “derecho” legal, pero en el fondo es inequitativo, no es justo con los demás. Si el Estado pone la diferencia, eso significa que lo cobrará a todos los demás, ya sea mediante impuestos o o mediante una futura inflación (un impuesto particularmente más injusto porque cobra proporcionalmente más a los que menos tienen).

Y tercero, la creciente insostenibilidad e inequidad de varios de los actuales sistemas de pensiones, y no sólo de los que ahora coyunturalmente se discuten, sólo ha sido posible generarlas y ocultarlas gracias a la total falta de transparencia con la que han sido aprobadas y manejadas hasta ahora. La transparencia, en cambio, promueve la rendición de cuentas de los legisladores y evita que las autoridades que aprueben cambios a espaldas del escrutinio público de todos.

Nunca debe perderse de vista que, en el fondo, todo sistema de pensiones finalmente es un sistema de ahorro contractual, ya sea individual (como el actual sistema privado) o colectivo (como el actual sistema público).

Así las cosas, es fácil deducir que mantener el mecanismo denominado “cédula viva” es perjudicial para todos los que no tienen ese “derecho”. Sin embargo, derogar el esquema de “cédula viva” no es condición necesaria ni suficiente para acabar con la inequidad y la insostenibilidad. Hay muchos otros mecanismos diferentes en varios de estos sistemas de pensiones que también producen inequidades insostenibles y que requieren ser reformados con igual o mayor urgencia.

De hecho, este mismo mecanismo de "cédula viva" podría ser rediseñado de un modo mucho más sostenible y equitativo: si realmente se quiere recibir una jubilación equivalente al 100% de los ingresos "promedio" efectivamente recibidos durante todo el tiempo que se trabajó, en términos constantes, probablemente los pensionistas debían antes haber trabajado y aportado no menos de 50 años, si la esperanza de vida promedio se mantiene en 75 años y la tasa de aporte fuera 10% de "todos" los ingresos de referencia.

Un tema muy distinto es la determinación del nivel de remuneraciones. La pensión no es más que un reflejo del nivel de remuneraciones y de los aportes efectuados por cada trabajador durante su vida laboral. No se puede pretender compensar una baja remuneración con una generosa pensión, sea cual fuera el motivo. Esa no puede ser la expectativa de ningún postulante a trabajador, ni público ni privado, ya que implica que un tercero tiene que hacerse cargo de la diferencia.

Cualquier compensación por una mayor exposición al riesgo, a un horario o temporada de trabajo en desventaja con el de la mayoría, a unas condiciones de trabajo más duras, a un deterioro prematuro de la salud, o a cualquier otra desventaja relativa, tiene que ser reconocida equitativamente en las remuneraciones que reciban las personas durante toda su vida laboral. En algunos casos puede que se requiera además algunas compensaciones no monetarias como las coberturas de seguros de salud, la cobertura de seguros contra accidentes o inclusive las de seguros de vida.

LAS AFP: ¿CUÁLES SON SUS FONDOS DE PENSIONES MÁS RENTABLES?

Como todos saben, desde principios de 2006 las administradoras de fondos de pensiones (las AFP) vienen ofreciendo tres tipos de fondos de pensiones alternativos para los afiliados al sistema privado de pensiones: (a) los fondos tipo 1, que son los nuevos fondos de pensiones más conservadores o menos arriesgados, (b) los fondos tipo 2, que son los que se vienen ofreciendo desde que se creó el sistema a inicios de los años 90, y (c) los fondos tipo 3, que son los nuevos fondos de pensiones menos conservadores o más arriesgados.

Así, se han cumplido más de cuatro años desde que la oferta de fondos privados de pensiones en realidad amplió de los cinco fondos tipo 2 que administraban las cinco AFP existentes hace cinco años a los doce fondos que en total administran las cuatro AFP que ahora quedan. Por consiguiente, ya no se puede hablar simplemente de cuál es la AFP más rentable, ahora es necesario especificar además qué tipo de fondo (1, 2 o 3) es el más rentable.

Según el supervisor de fondos de pensiones, que simultáneamente es supervisor bancario y también supervisor de seguros, el fondo tipo 1 es el fondo de preservación de capital. Sin embargo, lo de preservación de capital a veces son sólo palabras que no se cumplen. Entre mediados de agosto de 2008 y mediados de abril de 2009, al menos tres de los cuatro fondos tipo 1 existentes tuvieron sostenidamente rentabilidades anuales negativas. Esto significa que no sólo no preservaron capital sino que lo perdieron. Durante esos 8 meses la rentabilidad negativa promedio de esos tres fondos fue de -4.7% tasa efectiva anual (sin contar el costo de las comisiones que cobran las AFP). Peor aún, entre marzo de 2008 y abril de 2009 los fondos tipo 1, de preservación de capital, tampoco preservaron su capacidad adquisitiva porque sus rendimientos fueron menores que la tasa de inflación.

¿Cuán importante es la preservación de capital? Teóricamente, según el supervisor, el fondo tipo 1 está diseñado para afiliados que están próximos a jubilarse en cualquier modalidad o para los que se ya han jubilado por la modalidad de retiro programado o por la modalidad de renta temporal con renta vitalicia diferida. En consecuencia, las AFP que manejen “bien” sus fondos de pensiones tipo 1 deberían ser capaces de ofrecer un crecimiento estable, de baja volatilidad y sin pérdidas de capital (ni de poder adquisitivo), aunque esto último ya sucedió sin que se diga ni haga nada al respecto. El problema es que este detalle puede tener cada vez una mayor relevancia social, a medida que madura el sistema.


Por ejemplo, en el caso de los que están próximos a jubilarse con el régimen de renta vitalicia, evitar las pérdidas de capital es fundamental porque cada punto porcentual de pérdida en la cuenta individual de capitalización se verá reflejado directa e inevitablemente en las pensiones que en adelante reciban. Así, tener una pérdida de capital mayor de -10% en el fondo durante el año anterior a la fecha de elección de la compañía de seguros, como ocurrió en octubre de 2008 respecto de octubre de 2007, no equivale simplemente a recibir una pensión mensual vitalicia menor en casi -10% que la que se habría recibido si la decisión de jubilación se hubiera tomado un año antes, y viceversa, sino que equivalen a recibir una pensión con un poder adquisitivo casi -15% menor si se toma en cuenta también la inflación que se generó en ese lapso.

En el otro extremo se halla el fondo de pensiones tipo 3 que, según el supervisor de pensiones, es el fondo de apreciación de capital o de crecimiento, denominación que representa más un deseo que una realidad. Y es que la finalidad de este fondo en realidad es “buscar” un rendimiento a largo plazo por encima del promedio, para lo cual se expone al fondo de pensiones del afiliado a una mayor volatilidad o riesgo. Teóricamente este tipo de fondo está diseñado para afiliados cuyo horizonte de jubilación aún es muy lejano, quienes, por tanto, podrían asumir riesgos de mayores fluctuaciones en la rentabilidad.

Para el afiliado que no es experto en finanzas, y la gran mayoría no tiene por qué serlo, esto significa que, suponiendo que la historia tarde o temprano se repite, el fondo tipo 3 tiene altas probabilidades de conseguir rentabilidades positivas muy altas, pero también tiene probabilidades nada despreciables de verse afectado por rentabilidades fuertemente negativas. Ésta es la razón por la que se requiere que el afiliado esté muy lejos del momento de su jubilación: las pérdidas acumuladas pueden ser tan altas y rápidas que a veces se requerirá de mucho tiempo para poder revertirlas.

Por ejemplo, entre fines de mayo de 2008 y mediados de julio de 2009, los cuatro fondos tipo 3 registraron fuertes y persistentes pérdidas de capital. Durante esos casi 14 meses, muy burdamente los cuatro fondos tipo 3 perdieron en promedio a un ritmo de -24.8% tasa efectiva anual (sin contar las comisiones cobradas por las AFP). No obstante, si antes de ese periodo se hubiera estado en esos mismos cuatro fondos tipo 3, desde fines de marzo de 2007, en esos otros 14 meses anteriores se habría venido ganando en promedio a un ritmo de +51.2% tasa efectiva anual. Y si luego hubiera continuado en dichos fondos tipo 3, entre julio de 2009 y julio de 2010, en estos últimos 12 meses adicionales se habría venido obteniendo en promedio un +32.9% de tasa efectiva anual.

¿Quiere esto decir, más groseramente aún, que los fondos tipo 3 han venido obteniendo una rentabilidad promedio anual de (+51.2%*14 -24.8%*14 +32.9%*12)/40 = 19.1%? Pues no, aún si no se tuvieran en cuenta ningún aporte hecho en los últimos 40 meses. Tener 14 meses con una rentabilidad media de +51.2% equivale más o menos a haber acumulado casi +62% más de lo que se tenía originalmente. Si se tenía un saldo acumulado de S/. 100,000 a fines de marzo de 2007, podría haberse acumulado hasta unos S/. 162,000, pero tener luego 14 meses de una rentabilidad media de -24.8%, equivale a acumular unas pérdidas de casi -28.3%. Así, si se tenían ya S/. 162,000, luego de 14 meses se podría tener sólo unos S/. 116,000. Y si luego se tuvo +32.9% de rendimiento promedio, el saldo después de los 40 meses podría haber llegado a ser de S/ 154,000, lo que muy gruesamente equivaldría a haber obtenido una rentabilidad equivalente anual de casi 13.8% anual durante los 40 meses.


No obstante, este también burdo cálculo sólo es válido para quienes estuvieron en el fondo tipo 3 desde el inicio de la primera etapa, cuando se tuvo un rendimiento de +51.2%, pues para los que ingresaron recién en la segunda etapa, directamente tuvieron 14 meses con un rendimiento promedio de -24.8% y luego 12 meses de 32.9%. Así, para el caso de los que ingresaron en la segunda etapa, si se tenía acumulado S/. 100,000 a fines de mayo de 2008, en julio de 2009 se tendría menos de S/. 72,000 y a inicios de julio de 2010 apenas si se habría superado los S/. 95,000. Es decir, la rentabilidad promedio equivalente en esos 26 meses habría sido negativa en casi -2.2% anual. ¿Fue este último caso el de la minoría? No, más bien parece que ése fue el caso de una buena mayoría.

Haber obtenido un +51.2% de rendimiento efectivo promedio anual a partir de marzo de 2007 implica haber estado en el fondo tipo 3 doce meses antes. Si bien ya en marzo de 2007 el 9.8% de los fondos de todo el sistema estaban en los fondos tipo 3, en marzo de 2006 ¡apenas el 1.0% de los fondos del sistema estuvo en los fondos tipo 3! Es decir, sólo una minoría fue la que seguramente obtuvo la mayor parte de esas altas rentabilidades, mientras que la mayoría que ingresó después (casi 9 de 10) no necesariamente.

Más bien esa mayoría se siguió incrementando y más que duplicó: a mayo de 2008 el 22.7% de los fondos del sistema ya estaba en los fondos tipo 3. Sin embargo, esto a su vez implica que un número impresionante de afiliados ingresó sólo para obtener las fuertes pérdidas de capital que siguieron en los meses siguientes (-24.8% en promedio). A julio de 2009 la proporción del sistema que se hallaba en los fondos tipo 3 se redujo a 18.1%, la misma que se mantiene hasta julio de 2010, es decir, algunos de los que salieron lograron una rentabilidad positiva, pero la mayoría de los que se fueron puede que no hayan logrado compensar sus pérdidas con las nuevas rentabilidades positivas que se observaron en la actual tercera etapa (+32.9% en promedio).

Por ello, en el caso de los que ingresaron en la etapa negativa, y aún no han salido, sólo les queda esperar una nueva etapa de recuperación de la rentabilidad, en la que no se agrave el actual escenario, y en la que puedan revertir las pérdidas acumuladas. Por consiguiente, no sólo es importante no salir (jubilarse) después de un año malo (fondo tipo 1), sino que también es importante no haber entrado al inicio de un momento malo a un fondo de alto riesgo (tipo 3), menos aún si ya se tiene en la cuenta individual un fondo acumulado importante, salvo que realmente se tenga mucho tiempo para esperar o se cuente con el temple suficiente para arriesgar.

Evidentemente el grueso uso de promedios puede generar fuertes desviaciones respecto de cada caso concreto en particular. El seguimiento de la rentabilidad de los fondos de pensiones caso por caso es un proceso algo complejo para el afiliado promedio porque no es generalizable con los números que se suelen mostrar en la publicidad de las AFP. Los resultados concretos de cada caso dependen del precio en el que está el valor cuota de cada tipo de fondo de cada AFP en la fecha de salida respecto del precio de ese mismo valor cuota en la fecha concreta del valor cuota de ingreso, como si fuera el precio de acciones, o el precio de las participaciones de fondos mutuos o los tipo de cambio de las monedas extranjeras. Como bien deben saber algunos, la rentabilidad promedio de las acciones, los fondos mutuos y las monedas extranjeras puede ser favorable, pero en realidad algunos pueden no haber ganado tanto, o inclusive algunos pueden haber perdido y mucho.


En concreto, en un extremo, si alguien tenía un saldo acumulado de S/. 100,000 en su cuenta de jubilación al cierre de marzo de 2007 en el fondo tipo 1, y no hubiera hecho aportes adicionales, al cierre de junio de 2010 tendría acumulado S/. 123,492 en la AFP Horizonte, S/. 112,136 en la AFP Integra, S/. 113,742 en la AFP Prima y S/. 112,755 en la AFP Profuturo. En cambio, si hubiera entrado al cierre de mayo de 2008 con esos mismos S/. 100,000 tendría acumulado S/. 114,273 en Horizonte, S/. 103,534 en Integra, S/. 105,711 en Prima y S/. 105,018 en Profuturo. Y si hubiera entrado al cierre de julio de 2009 con esos S/. 100,000 tendría S/. 105,803 en Horizonte, S/. 102,597 en Integra, S/. 104,174 en Prima y S/. 104,690 en Profuturo.

Si se hace el mismo ejercicio para el fondo tipo 2, el que entró al cierre de marzo de 2007 con S/. 100,000 tendría S/. 110,649 en Horizonte, S/. 114,039 en Integra, S/. 116,687 en Prima y S/. 113,493 en Profuturo. No obstante, el que entró al cierre de mayo de 2008 con S/. 100,000 tendría S/. 98,194 en Horizonte, S/. 101,055 en Integra, S/. 103,470 en Prima y S/. 101,496 en Profuturo. Y el que entró al cierre de julio de 2009 con S/. 100,000 tendría S/. 107,844 en Horizonte, S/. 108,480 en Integra, S/. 111,142 en Prima y S/. 109,498 en Profuturo.

En cambio, si la elección hubiera sido entrar al fondo tipo 3 al cierre de marzo de 2007 con S/. 100,000, al cierre de junio de 2010 tendría S/. 112,750 en Horizonte, S/. 105,137 en Integra, S/. 106,697 en Prima y S/. 105,120 en Profuturo. Si se hubiera entrado al cierre de mayo de 2008 con esos mismos S/. 100,000, a principios de julio de 2010 tendría S/. 95,311 en Horizonte, S/. 87,629 en Integra, S/. 89,349 en Prima y S/. 87,980 en Profuturo. Y si el ingreso hubiera sido a fines de julio de 2009 se tendría S/. 111,996 en Horizonte, S/. 111,136 en Integra, S/, 113,434 en Prima y S/. 110,993 en Profuturo.

Adicionalmente, ¿significan estos resultados que al menos todos los fondos de pensiones que mantuvieron su capital por encima de S/. 100,000 no perdieron? Desafortunadamente, no. Para que un fondo de pensiones no pierda capital en el largo plazo al menos debe haber mantenido su poder adquisitivo. Por ejemplo, si se invirtió S/. 100,000 a fines de marzo de de 2007 a fines de junio de 2010 debiera tenerse S/. 111,997 para no haber perdido, si se invirtió los S/. 100,000 a fines de mayo de 2008 se debería tener al menos S/. 105,560 y si se entró a fines de julio de 2009 al menos S/. 101,454. Evidentemente esto deja mal parado a varios fondos y muy sorprendido a más de uno, ¿verdad?

LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN Y EL ABANDONO DE LA META DE INFLACIÓN

En febrero de 2007, luego de cumplirse cinco años de la adopción de las metas de inflación en el Perú, el banco central anunció que había decidido que, a partir de ese año, el diseño y la conducción de la política monetaria se orientaría a lograr una meta de inflación de 2.0%. Hasta entonces la meta establecida era de 2.5% con un margen de tolerancia de +/-1%. En la práctica, entre 2002 y 2006, la inflación promedio observada había sido de 1.9%, con una tasa interanual que había oscilado entre -1.1% y 4.6%.

El compromiso público que se asumió entonces con dicho cambio era mantener el poder adquisitivo de la moneda nacional en el largo plazo. Según el mismo banco central, esto implicaría, por ejemplo, que las pensiones en soles de los jubilados serían en promedio 5% mayores cada diez años respecto a la meta de inflación anterior. Lo que en realidad se habría querido decir es que las pensiones públicas, todas las cuales son pagadas en soles nominales, perderían 5% menos de su capacidad adquisitiva cada diez años que con la meta anterior.

Han pasado sólo dos años desde dicho anuncio y el balance de los resultados obtenidos sugiere que, como ya se preveía hace más de seis meses, el banco central no sólo no cumplió con la nueva meta que se propuso, sino que inclusive podría haber abandonado el esquema mismo de metas de inflación. De hecho, según el informe de inflación de setiembre de 2008, el banco esperaba con mayor probabilidad cumplir su meta todavía a fines de 2009. No obstante, según la nota del programa monetario, la inflación ejecutada hasta enero de 2009 ya excedía el centro de la banda de inflación proyectada en setiembre (el informe cuatrimestral de inflación de enero de 2009 ha sido suspendido y se emitirá a partir de marzo de 2009 en forma trimestral).

Como se sabe, adoptar un esquema de metas de inflación básicamente implica subordinar todos los otros objetivos de política al cumplimiento del objetivo de la estabilidad de precios. Otros objetivos típicos de la política monetaria de los bancos centrales suelen ser el nivel de empleo, el crecimiento económico, la estabilidad de las tasas de interés, la estabilidad de los mercados financieros y la estabilidad de los mercados cambiarios.

No obstante, el problema de tener varios objetivos de política es que no todos ellos se pueden alcanzar al mismo tiempo porque, en determinadas circunstancias, existe conflicto entre varios de grupos de ellos. Por esa razón, de cara al público, el implantar una meta de inflación implica que cualquier otro objetivo de política, que en determinado momento pueda entrar en conflicto, debe quedar claramente subordinado al objetivo de alcanzar y mantener la estabilidad de precios. De lo contrario, se menoscaba la credibilidad, pilar fundamental de toda política monetaria.

Pese a ello, en el Perú pareciera haberse subordinado la meta de inflación al objetivo del crecimiento económico. Sin embargo, el haber impulsado el crecimiento de la actividad económica sostenidamente, muy por encima de su tasa de crecimiento potencial, ha hecho que, adicionalmente a los choques de oferta externos, esgrimidos como principales causantes “importados” del incumplimiento de la meta de inflación, se generen presiones de demanda interna sobre los precios desde 2007.


Así, entre 2007 y 2008, la tasa de inflación promedio fue de 3.8%, el doble de la que se tuvo en los cinco años anteriores y por encima del límite superior de la banda de tolerancia establecida, entre 1.0% y 3.0%. Peor aún, la tendencia ha sido al alza: sólo en 2008 la inflación interanual promedio fue de 5.8%. Esto implica que, sólo en estos dos años, las pensiones públicas en soles han perdido en promedio 7.6% de su capacidad adquisitiva en dicho periodo, cuando el compromiso de una meta anual de 2.0% implicaba una pérdida de sólo 4.0%. Y esta mayor brecha se seguirá ampliando en 2009 e incluso parte de 2010, según los propios pronósticos del banco central.

Ciertamente el Perú no es el único país en donde se ha incumplido la meta de inflación, pero sí es el país que relativamente más ha incumplido su meta. A diciembre de 2008 la inflación en Brasil cerró en 6.0% cuando su meta era de 4.5% (1.5% de diferencia), la inflación en México cerró en 6.5% cuando su meta era de 3.0% (3.5% de diferencia), la inflación en Colombia cerró en 7.7% cuando su meta era de 4.0% (3.7% de diferencia), la inflación en Chile cerró en 7.1% cuando su meta era de 3.0% (4.1% de diferencia) y la inflación en el Perú, teniendo una meta de 2.0%, cerró en 6.7% en la capital (4.7% de diferencia) y en 7.3% a nivel nacional (5.3% de diferencia).

Y esas diferencias respecto del Perú podrían haber sido mayores, a favor de los otros países, si no se hubiera profundizado la crisis financiera en EEUU en setiembre de 2008. A partir de dicho mes se produjeron fuertes depreciaciones en los tipos de cambio de sus monedas respecto del dólar, como producto de la irracional y súbita aversión al riesgo de los inversionistas, mayormente estadounidenses. Como se sabe, las depreciaciones del tipo de cambio del dólar en economías pequeñas y abiertas tienen un impacto directo sobre sus tasas de inflación debido al encarecimiento de los productos importados, los cuales tienen participación significativa en las respectivas canastas de consumo.

Así, para fines comparativos sobre las tasas de inflación indicadas para 2008, entre diciembre de 2007 y diciembre de 2008, la depreciación del real brasileño fue de 30%, la depreciación del peso mexicano fue de 25%, la depreciación del peso colombiano superó el 11% y la depreciación del peso chileno fue de 28%, mientras que la depreciación del sol apenas superó el 4%. Esto implica que, si en lugar de haber tenido la disparidad de depreciaciones observada, las monedas de todos estos países hubieran sufrido una depreciación más homogénea, la diferencia de incumplimiento de metas de inflación habría sido mucho mayor en el Perú y mucho menor en todos los otros países.

Es decir, como también se recuerda, durante buena parte de 2008 se había venido atribuyendo el incumplimiento de la meta de inflación principalmente a los choques de oferta externos que se vinieron observando. No obstante, la reversión de dichos choques, que en el Perú no se ha reflejado en reversiones de crecimiento de las tasas de inflación como en otros países, ha dejado al descubierto la real naturaleza de la evolución de los precios domésticos.

Efectivamente, desde setiembre de 2007 no sólo la tasa de inflación en el Perú se fue incrementando por encima del 2.0%, sino que también lo hicieron las tasas de inflación de EEUU, Japón y la Unión Europea, los cuales también tienen al 2.0% como tasa que implícita o explícitamente consideran de equilibrio. Pero el incremento en las tasas de inflación llegó a máximos en todos los casos en julio de 2008: en EEUU a 5.6%, en Japón a 7.3% y en la Unión Europea a 4.1%, mientras que en el Perú la inflación registrada fue de 5.8%.

Por tanto, hasta mediados de 2008 la explicación oficial de que la inflación era importada “iba bien”, aunque en ese momento se suscitó una fuerte discusión acerca de un posible excesivo peso de los alimentos y bebidas en la canasta de consumo peruana con la que se mide la inflación. Y es que los precios de los alimentos y las bebidas habían tenido una evolución similar a la de los índices generales, pero en forma más amplificada. El detalle fue que la amplificación en el Perú fue mucho mayor. En julio de 2008, la inflación de precios de alimentos y bebidas en EEUU llegó a 5.8% y en la Unión Europea llegó a 6.1%, pero en el Perú alcanzó el 9.7%.

Con todo, y como corresponde a los choques de oferta que no son validados por una política monetaria acomodaticia o inflacionaria, a medida que los precios del petróleo y los alimentos se fueron revirtiendo, las tasas de inflación en esos países también se revirtieron. En diciembre de 2008, en menos de cuatros meses, todas las inflaciones terminaron cerrando por debajo del 2%, tanto en EEUU (0.1%), Japón (1.1%) y la Unión Europea (1.6%). No obstante, en el Perú la tendencia creciente de los precios no cesó ni se moderó significativamente. Por el contrario, los precios siguieron subiendo al mismo ritmo y cerraron diciembre por encima del 6.5%, por tercer mes consecutivo, pese a que el componente importado de la inflación peruana se había venido desacelerando fuertemente desde mayo de 2008 y había cerrado diciembre con una tasa anual de crecimiento de sólo 2%.


¿Qué es lo que podría haber pasado? Por el lado de la oferta, todo parece indicar que, mientras los bancos centrales de otros países actuaron fuertemente para prevenir los efectos de segunda ronda de los incrementos de precios (desde 2007 inclusive), buscando la intervención activa de los reguladores en cada uno de los mercados en los cuales la competencia no estaba actuando con la suficiente rapidez, en el Perú no sucedió lo mismo. Por el contrario, por omisión, los reguladores peruanos dejaron que el “libre mercado” lo hiciera todo, pese a ser ampliamente conocido que la estructura de la mayoría de mercados peruanos puede tener todo, menos suficiente competencia, principalmente debido a los altos niveles de concentración en muchos de ellos.

Asimismo, por el lado de la demanda, progresivamente se fue rompiendo la disciplina de los consumidores en los mercados debido a la política monetaria expansiva y a la mayor aceleración de la oferta crediticia de los bancos y demás intermediarios financieros. En el caso de los créditos de consumo, ¿por qué el consumidor promedio regatearía o se afanaría en comparar precios, si cada vez tiene más dinero “plástico” con el cual puede “comprar hoy y ver cómo pagar después”?

Algo similar puede deducirse en el caso de los créditos hipotecarios. De lo contrario, no se explicaría cómo, en sólo dos años, los precios en dólares de las casas y departamentos se han más que duplicado, sin que la demanda se desacelere, mientras que los sueldos y salarios en promedio no se han incrementado, ni de lejos, en dicha proporción.

Según las últimas estadísticas disponibles, bastante desactualizados por cierto, entre diciembre de 2006 y junio de 2008, en el sector privado los sueldos nominales se incrementaron en 3.5% mientras que los salarios nominales lo hicieron en 11%. Gracias a la depreciación del dólar frente al sol en dicho periodo, esto equivalió a incrementos de 14.5% y 23% medidos en dólares nominales, aunque entre junio y diciembre de 2008 se ha producido una apreciación de 5.6% que ha reducido parte de esos incrementos mencionados.

Pero, si el banco central subió su tasa de referencia hasta en ocho oportunidades en 2007 y 2008, desde un 4.5% hasta un 6.5%, ¿cómo es posible hablar además de una política monetaria expansiva? Aparte de la evidente expansión crediticia, en la que los créditos de consumo crecieron en más de 210% y los créditos hipotecarios en más de 150%, mientras que los créditos a microempresas crecieron 205% y los créditos comerciales 185%, sin contar el crecimiento adicional de diciembre de 2008, debe recordarse que los efectos de la política monetaria no se hallan en función de la variación de las tasas de interés nominales, sino si de las tasa de interés reales, es decir, de las que tasas de interés que toman en cuenta la inflación esperada.

Si se compara la tasa de rendimiento de los bonos soberanos en soles nominales con los rendimientos de los bonos soberanos en soles VAC que cotizan en el mercado de capitales, se podrá observar cómo las tasas de inflación esperada por los inversionistas pasaron de casi un 2.5% en diciembre de 2006 a un 2.8% en diciembre de 2007 y a 4.6% en diciembre de 2008. Es decir, pese a que el banco central fue incrementando su tasa de interés nominal en 200 pb, en realidad las tasas de interés reales casi no se incrementaron porque la inflación esperada se incrementó también en similar magnitud. Por tanto, la política monetaria en soles seguió siendo igual de laxa que hace dos años, aunque la inflación pasó de 1.1% a 3.9% y luego 6.7% en ese mismo periodo.

Pero eso no es la parte más importante. La política monetaria en soles por sí sola no puede ser la única responsable del desempeño de la inflación en una economía cuyo nivel de dolarización financiera aún supera ampliamente el 50%. La respuesta definitiva depende de lo que haya pasado con la política monetaria en dólares aplicada implícitamente durante ese periodo.

En tal sentido se puede comprobar que en el mismo periodo las tasas de interés nominales en dólares del mercado interbancario se desplomaron de 5.4% a fines de 2006 a 5.9% a fines de 2007 y a 1.0% a fines de 2008. Entre tanto, la depreciación anual esperada en los mismos periodos, aproximada por la diferencia de rendimientos entre los bonos soberanos en soles y en dólares cotizados en el mercado de capitales, apenas pasó de 0.1% a 1.8% y a 1.5%. Esto implica que la tasa de interés real en dólares, pese a haberse incrementado en 2007, en 2008 más que se redujo e incluso se volvió fuertemente negativa.

En resumen, el énfasis de la política monetaria parece haberse desplazado desde la estabilidad de precios domésticos, con un horizonte temporal que se suponía era anual, hacia el crecimiento económico, pero de un modo cada vez menos sostenible. Si bien, no se espera que el esquema de metas de inflación deba ser rígido, actualmente no se sabe cuál es el nuevo horizonte temporal en el cual el banco central se comprometerá a alcanzar la meta de inflación.

Para cumplir la promesa hecha hace dos años, la inflación de los próximos ocho años debería hallarse en promedio por debajo de 1.6%, pero si 2009 cierra con 4.6%, como todos esperan, la inflación de los siguientes siete años tendría que rondar a lo más en el 1.1% anual. Se trata pues de un panorama complicado para la política monetaria en un contexto de profundización de la crisis financiera internacional, pero más complicado lo será para las pensiones públicas.

El Perú es uno de los pocos países donde las pensiones, no sólo son muy bajas, sino que no se reajustan en función de la inflación. En Colombia el salario mínimo se incrementará entre 7.5% y 7.7%, el incremento esperado del índice de precios al consumidor; en el Reino Unido los sueldos y pensiones se incrementarán 3% de acuerdo a la variación del índice de precios minoristas; mientras que en España la pensión de jubilación promedio se incrementará en 4.8%. En el Perú, al no existir tal reajuste automático, la mayor inflación experimentada reduce los ingresos y los ahorros en términos reales, deteriorando más rápidamente las ya precarias condiciones de vida de de la gran mayoría, especialmente la de los jubilados, cuya esperanza de vida, paradójicamente, se sigue incrementando.

¿JUBILACIONES PÚBLICAS O PRIVADAS? ALGUNAS CONSIDERACIONES

En el Perú han pasado más de 15 años desde la creación del Sistema Privado de Pensiones (SPP), pero hasta la fecha no es posible establecer de manera general cuándo este sistema es más favorable que el Sistema Nacional de Pensiones (SNP). La decisión, desde el punto de vista del futuro pensionista o sus potenciales sobrevivientes, no sólo depende de varios factores que pueden ser más o menos esbozados, sino que inclusive lo que resulte conveniente para un caso concreto, en un determinado momento en el tiempo, podría no serlo después, o viceversa.

En el sistema privado, el trabajador elige a una de las empresas privadas existentes, una administradora de fondos de pensiones (AFP), para que reciba sus aportes y los gestione anotando sus resultados, positivos o negativos, en una cuenta individual de capitalización. La idea es que, en el tiempo, con los aportes efectuados más la rentabilidad obtenida, se pueda ahorrar lo necesario para obtener un fondo de pensión lo suficientemente grande. Si los aportes y la rentabilidad obtenida hasta el día de la jubilación son lo suficientemente buenos, se podrá obtener una mejor pensión, ya sea usando progresivamente el fondo acumulado hasta que se acabe (a través del retiro programado en la AFP a la que esté afiliado) o comprando directamente una pensión (a través de una renta vitalicia a una de varias compañía de seguros) con lo acumulado en dicho fondo.

En el sistema público, en cambio, el trabajador afiliado aporta a un sistema arbitrario de reparto colectivo con algunos matices solidarios, cuya administración está a cargo de un organismo del Estado. En el Perú está a cargo de la Oficina de Normalización Provisional (ONP). Es decir, no hay una cuenta personal con la que pueda determinarse si los aportes dinerarios efectuados son suficientes para alcanzar una pensión equitativa y proporcional a dicho esfuerzo. Por el contrario, los aportes que el trabajador hace, y la pensión que en su momento pueda obtenerse, están expuestos al riesgo legal y al riesgo político que no pocas veces han terminado siendo muy poco equitativos. Y es que los aportes de los afiliados no son ahorrados como en el sistema privado, sino que suelen ser directamente usados para pagar a los que ya se han jubilado o, en el pasado, han sido usados por los gobiernos de turno para efectuar gastos que tendrían que haber sido financiados con mayores impuestos o con una mejor recaudación de los impuestos ya existentes.

Pero volviendo a la arbitrariedad de los legisladores de turno: en el sistema público, si un trabajador ha nacido hasta determinado año, o ha aportado desde que se aprobó determinada ley, puede que tenga derecho legal a determinados privilegios que otros trabajadores no tienen (¿y la equidad?). Cómo, si no, se explica que haya gente que haya accedido a pensiones con cinco o menos años de aportación. Si se aportara un 13% de 14 sueldos al año, al final de 5 años sólo se habría acumulado aportes equivalentes a 9 sueldos, los cuales no alcanzarían ni para justificar 30 meses de pagos mensuales de una jubilación equivalente al 30% del sueldo promedio sobre el que aportó. ¿Quiénes entonces financiarán los pagos de los siguientes meses de jubilación? ¿Por qué algunos han tenido ese “derecho adquirido” y otros ya no lo tienen?

Actualmente la pensión para quienes reunieron los requisitos "necesarios" en 1992, la pensión mínima con cinco o menos años de aporte es equivalente al 65% de la actual pensión mínima general, un subsidio significativo de parte del Estado (todos nosotros) y bastante arbitrario. ¿Por qué no reciben un subsidio también las personas de tercera edad, mayores de 70 años, que aunque nunca aportaron al sistema cuando estaban económicamente activos, sí consumieron y gastaron pagando impuestos con los cuales el Estado financió a otros jubilados? En el extremo, en no pocas ocasiones el sistema público funciona como una gran pirámide donde una mayor pensión a recibir a cambio de menores aportes sólo es posible si se consiguen cada vez más afiliados que aporten o si se recauda más con otros impuestos, con el riesgo de desfinanciarse todo el sistema si ninguna de ellas se logra.

En el sistema privado, en cambio, supuestamente, habría más equidad entre las aportaciones efectuadas y las pensiones recibidas. No hay posibilidad de que se cree pirámide financiera alguna, que actualmente es el mayor problema de los sistemas públicos de pensiones de los países desarrollados debido al aumento de la expectativa de vida de los pensionistas (lo que hace que al final estén recibiendo del sistema más de lo que se esperaba) y a la cada vez una menor cantidad de afiliados que aportarán en el futuro (por la creciente reducción en la tasa de natalidad). Así, en el sistema privado, si dos trabajadores aportan de modo similar, en monto y tiempo, deberían obtener pensiones similares (suponiendo que después de jubilarse su expectativa de vida no cambia drásticamente), independientemente de si la tasa de natalidad de las generaciones futuras o la recaudaciones de impuestos se reducen, o no. Pero en la práctica esto no será así en todos los casos, tanto por razones ajenas al sistema como por el propio diseño del mismo.

Por ejemplo, en el sistema privado, dos trabajadores contemporáneos con los mismos sueldos y aportes pueden lograr ahorrar y acumular fondos de pensiones sustancialmente diferentes si dentro del sistema escogieron dos fondos con perfiles de riesgo diferentes (asumiendo que no haya diferencias significativas por escoger diferentes administradoras). No obstante, los fondos finalmente acumulados también podrían ser distintos si, habiendo escogido ambos el mismo perfil de riesgo para sus fondos, hicieron sus aportes en épocas diferentes, cuando los riesgos de mercado (incluidos los derivados de las crisis) fueron sustancialmente diferentes, como los vistos en 2008, riesgos que obviamente afectan en mayor proporción a los fondos más antiguos porque los fondos más jóvenes tienen una proporción de aportes que aún no han efectuado. Inclusive una misma persona, si en lugar de jubilarse en octubre de 2006, lo hubiera hecho en octubre de 2007, sin hacer ningún aporte más, habría alcanzado un fondo de jubilación 31% mayor (en el fondo con perfil moderado), pero si esperaba hasta octubre de 2008, su fondo en lugar de incrementarse se habría reducido en 10% respecto de 2007.

Es decir, el sistema privado no asegura la equidad absoluta entre los aportes efectuados y la pensión obtenida, pero tampoco asegura con certeza que todos los afiliados sean capaces de ahorrar lo suficiente como para alcanzar una pensión mínima suficiente el día de su jubilación. De ahí que se haya aprobado regímenes de pensiones híbridos (aportes y pensiones complementarias con garantía del Estado) que aseguren el alcance de pensiones de jubilación mínimas, usualmente primero con lo ahorrado en el sistema privado y, cuando se haya acabado éste, con posteriores aportes del Estado. Actualmente, en ambos sistemas, la pensión de jubilación mínima es de S/. 5,810 anuales (dividido entre 12 en el sistema privado o dividido entre 14 en el sistema público), aunque en el sistema privado, además, hay que pagar el diferencial de aportes con el sistema público y no hay regímenes especiales comunes en los esquemas que buscan ser solidarios (trabajadores de construcción civil, curtiembres, pilotos, mineros, etc.).

¿Cómo elegir el sistema de pensiones más conveniente? No hay una respuesta válida para todos, la respuesta depende de cada caso y hasta de cada momento, aunque hay variables generales que se deben tomar en cuenta en cada caso específico. Esto no necesariamente con la finalidad de hacer un arbitraje favorable de las lagunas y solapamientos que hay en la regulación de ambos sistemas, sino con la racional finalidad de evitar verse perjudicado por no informarse bien y no hacer una óptima elección, puesto que, desde el punto de vista social, el sistema actualmente permite que el trabajador se equivoque al elegir y, en algunos casos, de manera irreversible (lo cual no debería permitirse en un sistema de seguridad social).

Las variables generales que se deben tomar en cuenta, en el caso de los que recién van a elegir en qué sistema cotizar, son tres. Un primer factor importante es la edad porque mientras más joven se es, mayor será el horizonte de acumulación potencial de fondos durante la vida laboral. Un segundo aspecto importante es el nivel de ingresos esperado en el largo plazo porque evidentemente si es mayor la remuneración que espera recibir en el futuro, más se podrá aportar y acumular, lo cual a su vez redundará en una mayor pensión de jubilación alcanzable. Y un tercer aspecto es el grado de empleabilidad del trabajador, es decir, si el tipo de trabajo, profesión u oficio que se desempeñe permitirá tener empleo con más estabilidad para poder aportar más. A menor edad, mayores ingresos y mayor empleabilidad, más conveniente será el sistema privado y viceversa.

Actualmente, el sistema público tiene un tope de S/. 857 como pensión mensual máxima, que puede o no incrementarse en el futuro. Es decir, aquel que aspira a una pensión mayor de S/. 12,000 anuales (S/. 857 x 14) en el sistema público, con las actuales leyes y evolución de los presupuestos, difícilmente lo logrará. En cambio, en el sistema privado no hay topes de pensiones, sólo hay topes por seguros de invalidez y de sobrevivencia (beneficio máximo S/. 6,590 mensuales en caso de invalidez permanente o de muerte del afiliado).

En el sistema privado, por ejemplo, una persona de 18 años que aporta sin interrupción hasta los 65 años sobre la base de una remuneración de S/. 14,000 anuales (S/. 1,000 x 14), podría llegar a obtener, bajo la modalidad de retiro programado, una pensión de S/. 10,400 anuales (S/. 866 x 12) si la rentabilidad promedio obtenida por su AFP es de 3% o una pensión de S/. 18,600 anuales (S/. 1,550 x 12) si la rentabilidad promedio obtenida por su AFP es de 5%. Pero, si en total sólo aporta efectivamente en promedio 20 años (y no los 47 años seguidos), las pensiones promedio se reducirían al 42.5% de dichos montos, es decir, a S/. 368 y S/. 659 respectivamente (en el primer caso seguramente tendría que acogerse a la pensión híbrida mínima buscando el apoyo del Estado).

Si bien el sistema público tiene menores requisitos de edad mínima en función del sexo y menos años de aportación mínimos para acceder a una pensión anticipada, esto implica acceder a una pensión también menor. En dicho sistema, la pensión de jubilación se reduce en 4% por cada año de adelanto respecto de los 65 años, lo que implica recibir un 80% o un 60% del promedio de las últimas remuneraciones recibidas si la jubilación se adelanta a los 60 o 55 años. Dentro del sistema público, en función de a qué ley corresponda, la referencia de dicha pensión puede fluctuar mucho y de modo bastante arbitrario, inclusive dentro de un mismo régimen. Por ejemplo, puede que se tome como promedio de remuneraciones las últimas 12, 36 o 60 remuneraciones, dentro del DL 19990. Pero en el caso privado, la reducción implícita de pensión se produce por la rentabilidad y los aportes que se dejan de efectuar (siempre que se cumplan otros requisitos), lo que equivale a una reducción de 32% y 53% para los 60 y 55 años, si la rentabilidad promedio de comparación es de 5% y se aporta el 100% de meses. Claro, la reducción puede ser mayor o menor si los años que se dejan de aportar coincide con épocas de bonanza o de crisis que impacten en la rentabilidad de sus fondos.

Finalmente, debe tenerse en cuenta que los aportes a ambos sistemas se incrementan al ritmo de incremento de sueldos y salarios, los cuales deberían incrementarse a un ritmo de por lo menos la inflación, para que mantenga capacidad adquisitiva (si no, en términos reales cada vez estaríamos ganando menos). Sin embargo, en el sistema público peruano las pensiones de jubilación no se incrementan en función a la inflación, sólo eventualmente pueden haber incrementos arbitrarios no obligatorios por mejoras de presupuesto, o a veces con trasfondos electorales, lo cual constituye otra inequidad del sistema. En otros países, y no sólo en los desarrollados, las pensiones públicas sí se reajustan en función de la inflación esperada cada inicio de año, lo cual asegura que la calidad de vida de jubilados esté blindada frente a la evolución de la inflación, cualquiera que ésta sea.

En el sistema privado, en cambio, los reajustes en las pensiones dependen de la modalidad que se elija. Si se opta por el retiro programado, la pensión se incrementa en función a la rentabilidad que vaya obteniendo la AFP a cargo, reajustes que pueden ser positivos o negativos. Los fondos de pensiones conservadores, desde que existen en 2006, han rendido en promedio 6.2% anual en términos nominales, mientras que en el mismo periodo la inflación promedio anual ha sido de 3.1%, es decir, la pensión promedio habría comprado 3% más cada año, proporción que no significa que en el futuro se mantenga. En cambio, si se contrata una pensión vitalicia, el reajuste dependerá de la moneda que se elija. Si se eligen soles, en realidad soles de valor adquisitivo constante, la pensión periódicamente se reajustará en función a la inflación. Pero si se eligen dólares, no habrá ningún reajuste futuro, suba o baje la inflación. Cabe anotar que, desde inicios de 2006 hasta fines de 2008, el dólar ha perdido más de 18% de su capacidad adquisitiva y, en promedio, lo seguirá perdiendo en el futuro, como cualquier moneda nominal.

LOS “BENEFICIOS SOCIALES” PARA LOS TRABAJADORES ¿EXISTEN?

Desde hace mucho tiempo, y sin éxito hasta ahora, se han venido discutiendo varios proyectos de ley que hablan de la conveniencia o no de que determinadas empresas paguen “beneficios sociales” a sus trabajadores. Sin embargo, parece que todos dan por sentado que los llamados “beneficios sociales” sí existen y que además están conformados más o menos por los siguientes conceptos: (a) las gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, (b) la compensación por tiempo de servicios o CTS, (c) el pago durante las vacaciones, (d) el pago por el sistema de pensiones y (e) el pago por el seguro social de salud o EsSalud. Pero, ¿es esto así? ¿qué racionalidad hay detrás de todo ello?

De hecho, cuando un trabajador renuncia, o cuando es despedido, y para que todo esté en regla, se le hace la llamada “liquidación por beneficios sociales”. Supuestamente la idea es que se le paguen los denominados "beneficios truncos", es decir, se le paguen los días de vacaciones no gozados, la compensación por tiempo de servicios aún no pagada y las gratificaciones proporcionales devengadas, además, claro está de los días trabajados no pagados, con lo cual pareciera que se restringen aún más el número de conceptos llamados “beneficios sociales”. Pero, en el extremo, ¿qué tipo de “beneficio social” hay en el hecho de que a un trabajador se le paguen los días "trabajados no pagados"?

Desde el punto de vista legalista, un beneficio es un derecho que compete por ley o por cualquier otro motivo similar y, por tanto, un beneficiario es la persona que resulta favorecida por dicha medida, de manera gratuita. Es decir, este tipo de beneficio no implica una contraprestación económica, monetaria o equivalente a la prestación recibida. Si un peruano se casa con una ciudadana estadounidense, consigue el derecho a obtener el permiso para residir y trabajar en EEUU, con los beneficios que ello implica para sus hijos también (acceso a educación gratuita, asistencia social, etc). Obviamente adquirirá también algunas obligaciones, pero que no tendrán proporción alguna con los beneficios obtenidos. Por ejemplo, si el trabajador peruano consigue un trabajo en el que gana la mitad que el estadounidense promedio, y por tanto tributa mucho menos que éste, no se le recortarán sus derechos a la mitad de beneficios, ni mucho menos. En este sentido, el beneficio es más un regalo que se recibe por diferentes motivos legales que no tienen un sustento económico directo sino más bien se relacionan con políticas redistributivas y subsidiarias de cada país.

En el Perú, de todos los conceptos señalados, el único que todavía puede estar manteniendo parte de su carácter de “beneficio social” sería el del seguro social o EsSalud. No importa si un trabajador gana un sueldo mínimo o si gana treinta veces dicho sueldo, el derecho de atención que se obtiene será el mismo. Pero aún en el caso de no aportar se tiene derecho a ser atendido en los hospitales y postas médicas del sistema nacional de salud provisto por el Estado. En cambio, ninguno de los otros conceptos arriba señalados califica de “beneficio social”, pues, no son recibidos “gratuitamente” del empleador. Para cualquier estudiante listo de los primeros años de economía, esto resulta bastante evidente.

Por simple racionalidad económica, un empleador sólo contratará a un trabajador si obtiene de los servicios de su mano de obra más de lo que le costará pagar por dicho servicio. Normalmente una persona compra una fruta porque la valora más de lo que le cuesta, si no, no la compraría. Lo mismo sucede con el trabajo comprado. Más allá de cualquier costo logístico, a cualquier empleador le da igual si tiene que pagar una parte en efectivo al trabajador, o a su ex-pareja, o si tiene que depositar otra parte en efectivo en diferentes cuentas de instituciones e intermediarios. El asunto para el empleador funciona si el trabajador cumple con la cantidad mínima de trabajo esperado. Por su parte, el trabajador aceptará el empleo si el total de lo que recibe justifica el esfuerzo de trabajar en el horario establecido y si no tiene otra oferta mejor. Ciertamente el trabajador podrá valorar de modo diferente (preferencia intertemporal) recibir toda su retribución completa de manera diaria por cada hora trabajada o, por el contrario, recibir su retribución fraccionada en (a) una parte en efectivo mensual, (b) otra parte acumulada en efectivo cada seis meses antes de las fiestas, (c) otra parte depositada en una cuenta a su nombre para que la retire el día que pierda el trabajo, (d) otra parte durante un descanso mensual cada doce meses y (e) otra parte como ahorro forzoso para atender su futura vejez. Para el trabajador lo relevante es que, de manera proporcional a su trabajo, siempre debiera recibir todas las partes.

Así, el perder algunos de los mal llamados "beneficios sociales" en realidad significaría que el trabajador recibiría “menos” ingresos. El aparente “mismo” ingreso se vería disminuido porque el trabajador tendría que (a) ahorrar para tener algún fondo para su eventual desempleo, (b) ahorrar para poder gastar más en Fiestas Patrias y Navidad, (c) ahorrar para poder tomarse un mes de descanso por vacaciones y (d) ahorrar para tener un fondo que le permitiera jubilarse cuando ya no pueda trabajar por vejez. Y es que ¡del mismo cuero salen todas las correas! Ninguno de los conceptos actualmente involucrados en la discusión en el Perú son “regalos” de los empleadores a los trabajadores.

En el extremo, algunos de estos conceptos sólo podrían ser regalos forzosos únicamente en el momento en el que el empleador se viera obligado a darlos por primera vez (cambio de régimen). Sin embargo, en el futuro dicho empleador buscará, lógica y racionalmente, compensar ese aumento en sus costos evitando o postergando futuros aumentos de sueldo a sus trabajadores en tanto que el nivel de precios aumenta (disminuyendo así el pago real efectuado a cada trabajador) o incrementando su exigencia de productividad laboral (obteniendo más trabajo y con el mismo sueldo). En el peor de los casos, buscaría despedir a los trabajadores que ya “no le salieran a cuenta”. Es decir, al final se tendería a reestablecer el equilibrio: pagar indiferentemente cualesquier conceptos siempre que el empleador obtenga beneficios que compensen en exceso los pagos efectuados.

Que sería mejor que algunos de estos mal llamados “beneficios sociales” fueran entregados en efectivo, y no en cuentas como ahorros forzosos o en forma diferida cada seis meses, ya es otro asunto. El mismo argumento se aplicaría para los vales de comida que tan entusiastamente han promovido algunos gremios empresariales para que sean parte de la remuneración de los trabajadores. ¿Por qué a un trabajador le tienen que obligar a comprar determinados productos en determinados sitios si él mismo puede conseguir otros productos mejores y a un precio más adecuado a sus propias necesidades? Es un caso muy similar a la vieja sabia recomendación económica de que los subsidios más eficientes son los que se dan en efectivo. Y al demostrarse que a la larga tales conceptos no son “sobrecostos no salariales” para los empleadores, no se justifica no querer pagarlos. Mayor transparencia habría si se dijera que en realidad a algunos empleadores les da lo mismo pagar los cualesquier “beneficios sociales” si a cambio se les permitiera reducir el sueldo base (mínimo) sobre el cual se calculan. Por eso en algunas profesiones en otros países lo que se negocia es el ingreso anual, donde el fraccionamiento ya es un estándar.

La necesidad de mantener la actual asignación de conceptos por “beneficios sociales” se justifica por lo que los economistas llaman “ilusión monetaria”. Dada la precariedad económica de mucha gente, hoy casi cualquier trabajador está dispuesto a un "incremento" de sueldo a cambio de no pagar su aporte a una AFP, o a la ONP, y de no tener CTS ni vacaciones. Todas estas exenciones serían miopes "incrementos" de sueldo financiados con el propio ingreso total de cada trabajador. Es como si se le ofreciera al trabajador aumentarle el sueldo, hasta doblarlo, si en lugar de trabajar 8 horas diarias, trabajara 16. El efecto además sería perverso porque seguramente con ese "aumento", que al empleador le resultaría gratuito, se "ahorraría" próximos incrementos de sueldo que, de otro modo, tendría que hacer. Sin embargo, al final, el trabajador se quedará, sin vacaciones, sin pensión de jubilación, sin un fondo contra el desempleo y con menor calidad de vida.

PENSIONES DE JUBILACIÓN: ¿CUÁL ES LA AFP "MÁS RENTABLE"?

Responder esta pregunta no es tan simple como parece. Y responder es importante porque, en buena cuenta, uno debiera escoger aquella AFP que le ofrezca la potencialidad de tener la más alta pensión de jubilación posible. Pero ¿cómo saber cuál será la AFP más rentable, no sólo en el último año, sino hasta que uno se jubile en 10, 20 o 30 años?

Obviamente ningún administrador de fondos puede asegurar un nivel fijo de rentabilidad a futuro. Los instrumentos financieros en los que se invierten los fondos otorgan rentabilidades que varían en función de las condiciones de los diferentes mercados en los que se negocian, las cuáles varían constantemente y no siempre en la misma magnitud. No obstante, si bien la rentabilidad obtenida en el pasado no asegura que ésta se vaya a repetir en el futuro, un análisis de la evolución histórica de dicha rentabilidad sí nos puede ayudar a ver qué administradores (AFP) lo han venido haciendo mejor que otros.

En el último año, el análisis de rentabilidad de los fondos de pensiones en el Perú se ha complicado por diferentes motivos. Por un lado, en setiembre de 2005 ingresó una nueva AFP que, precisamente por ser nueva, inicialmente no ha tenido un desempeño que pueda considerarse representativo. Por otro lado, en diciembre de 2005 y en enero de 2006, las cinco AFP empezaron a ofrecer dos tipos de fondos adicionales: los fondos tipo 1, más conservadores, y los fondos tipo 3, más arriesgados, ninguno de los cuales tenían referencias qué mirar, obviamente. Y por otro lado, a inicios de agosto de 2006, casi dos meses antes de cerrar su primer año, la nueva AFP anunció que concretó la compra de una de las otras cuatro AFP ya existentes.

No obstante estas limitaciones, que reducen la información equiparable resultante, efectuar un análisis comparativo mínimo sí es posible, pero las conclusiones son diferentes de los que se deducen de la simple lectura de los indicadores de rentabilidad anuales publicados, los cuales inclusive resultan engañosos para el periodo anual que termina en setiembre de 2006 (sobre la base de los cuales incluso se está haciendo publicidad). Así, en dicho mes se publicó el primer indicador rentabilidad anual de la nueva AFP, la cual obtuvo el mayor indicador de rentabilidad (set06/set05); sin embargo, esto no significa que dicha AFP haya sido "la más rentable", estrictamente hablando.


Que una AFP sea la más rentable en un determinado periodo debería significar que esa fue la AFP que obtuvo la mejor rentabilidad en dicho periodo para todos sus afiliados. Sin embargo, el dato publicado sólo significa que “ha sido la más rentable para aquel afiliado que está en dicha AFP desde hace 12 meses” y que “ha sido la más rentable sólo para la parte de los fondos que dicho afiliado tenía hace 12 meses”. Según los datos publicados, hace 12 meses (set05) la nueva AFP sólo tenía 484 cotizantes y el fondo conjunto que manejaba era de apenas S/. 0.013 millones. Sólo para estos pocos cotizantes es válida la afirmación de haber obtenido la más alta rentabilidad anual publicada.

¿Y entonces qué se puede inferir para los otros miles de afiliados que entraron después a dicha nueva AFP y qué para sus aportes posteriores? Por ejemplo, en julio de 2006 ya habían 85,831 cotizantes y sus aportes y traspasos incrementaron el fondo hasta alcanzar S/. 2,338.798 millones. Así, si analizamos la evolucion de la rentabilidad mensual promedio, en lugar de usar la rentabilidad anual promedio publicada, se puede verificar que la rentabilidad mensual de la nueva AFP en los últimos 12 meses (set06/oct05) fue aproximadamente de 2.2%, pero en los últimos 11 meses (set06/nov05) ésta bajó ¡a 1.8%! y en los últimos 10 meses (set06/dic05) bajó ¡a 1.7%!, con lo cual perdió el primer lugar en rentabilidad en sólo dos meses. Es decir, el primer lugar de la nueva AFP sólo fue sostenible fundamentalmente gracias a la espectacular e irrepetible rentabilidad del primer mes (más de 6%), muy por encima de lo logrado por las otras (algunas apenas superaron el 3%), logrado precisamente cuando el fondo manejado era ínfimo, aunque la extraña diferencia de rentabilidades en el segundo mes también contribuyó con lo suyo (2.5% vs. 1.0%).

No obstante, si se toma en cuenta que la verdadera competencia de la gestión de la nueva AFP contra las de las otras cuatro AFP sólo se produjo hasta julio de 2006, un mes antes del anuncio de compra y futura fusión, los resultados son más sorprendentes. Así, si se retiran de la comparación las rentabilidades promedio de los dos meses posteriores al anuncio (las de los meses de ago06 y set06), se puede verificar que la rentabilidad mensual promedio de la nueva AFP no sólo pasó del primer lugar (1.7% en jul06/oct05) al segundo, sino que cayó al quinto y último lugar (menos de 1.1% en jul06/dic05). Es decir, mantener el segundo lugar indicado también sólo fue posible con el repunte de rentabilidad de la nueva AFP luego del anuncio de compra (4.4% en ago06), mientras que la AFP adquirida pasó al último lugar (3.6%) en el mismo mes, por debajo de las otras (3.8% a 3.9% también en ago06). ¿Acaso fue éste el resultado que buscó revertir la compra?

El sistema de las AFP, desde su creación en 1993, ha tenido una rentabilidad mensual promedio de 1.15%, por lo que es de esperarse que en el futuro empiecen a desacelerarse todas las altas rentabilidades observadas en el transcurso del último año. Con mayor razón si se considera que el mercado bursátil ya está bastante recaliente, con todos sus precios en máximos. Asimismo, debe resaltarse que los fondos tipo 2 analizados, que tienen el perfil de riesgo tradicional y sobre los cuáles se ha hecho este análisis, aún representan el 92%, mientras que los fondos tipo 1 sólo el 6% y los fondos tipo 3 apenas el 2%.


Finalmente, también vale la pena cuestionarse, si una menor rentabilidad podría ser "compensada" por el menor pago de las aún altas comisiones mensuales que cobran las AFP. Con un ejemplo, la respuesta es bastante elocuente. Un cálculo grosero muestra que si a un mismo afiliado se le cobra una comisión de 1.5% en lugar de una de S/. 1.8%, entonces pagará S/. 15 en lugar de S/. 18 por comisión mensual si su sueldo fuera de S/. 1,000 mensuales. Sin embargo, si este mismo afiliado tuviera ya un fondo de S/. 10,000 acumulados en su AFP, entonces recibir una rentabilidad mensual de 1.2% en lugar de 1.3% equivale a reducir la ganancia mensual de su fondo de S/. 130 a S/. 120. Es decir, y de modo muy burdo, el menor pago anual de comisiones equivalente a S/. 3 x 14 = S/. 42 (¡las AFP también cobran gratificaciones!) podría no ser "más barato" si a la vez hubiera una menor ganancia anual por rentabilidad equivalente a S/. 10 x 12 = S/. 120 (la rentabilidad de que logran las AFP no tienen gratificaciones). Imagínese el efecto en 10, 20 o 30 años, con un fondo cada vez mayor... el que quiera oír: que oiga.

PENSIÓN DE JUBILACIÓN EN EL SPP: ¿EN DÓLARES O EN “SOLES”?

Esta aparente pregunta tonta es mucho más importante de lo que un afiliado promedio del sistema privado de pensiones (SPP) podría imaginar. Como se sabe, el SPP permite elegir pensiones de jubilación entre 3 modalidades básicas: (a) retiro programado, (b) renta vitalicia y (c) renta temporal con renta vitalicia diferida. La pregunta surge porque la pensión de jubilación se puede elegir en dólares o en “soles”, en las modalidades con tramos de renta vitalicia. Como la tercera modalidad es similar a suponer una parte de retiro programado y otra parte de renta vitalicia, no es necesario entrar en mayores detalles, las conclusiones serán las mismas que en las dos primeras.

En la primera modalidad, cuando el pensionista elige un retiro programado (y por lo tanto se queda en una AFP), no hay elección de moneda. Cada año su AFP le recalculará cuál será su pensión de jubilación ese año, en función de la expectativa de vida del pensionista en ese momento y de la rentabilidad acumulada en su fondo. Aquí no se elige ninguna moneda porque sería una decisión irrelevante: el jubilado retirará su pensión en soles y la gastará sin cambiar de moneda. Convertirla a dólares sería casi absurdo porque después la tendría que volver a cambiar a soles para cubrir sus gastos. No obstante, si a pesar de ello lo hiciera, en promedio, lo único que lograría con esto es reducir su pensión por el peaje cambiario, producto de la diferencia entre el tipo de cambio de compra y el de venta. En esta modalidad, el pensionista recibirá su pensión de jubilación hasta que su fondo se acabe, pero si falleciera antes, el saldo no recibido sí constituiría herencia.

En la segunda modalidad, cuando el pensionista elige una renta vitalicia (y por lo tanto se cambia a una compañía de seguros), sí hay elección de moneda, y ésta no es nada irrelevante. En esta modalidad, la AFP le entrega todo el fondo acumulado a la compañía de seguros. A cambio, si el jubilado elige dólares, la aseguradora se compromete a pagar, hasta que el jubilado fallezca, una cantidad fija en dólares, en “dólares nominales”. Así, en esta modalidad no habrá saldo no utilizado que pueda ser heredable. En cambio, si el jubilado elige “soles”, en realidad la aseguradora le tendrá que comprometerse a pagar una cantidad fija en “soles constantes”. Una moneda “constante” se reajusta automáticamente para compensar la inflación, es decir, mantiene una capacidad adquisitiva “constante”, mientras que la moneda “nominal”, no. La primera protege de la inflación, cualquiera que sea, la segunda, no.

Es decir, cuando el pensionista elige su renta vitalicia en dólares o en “soles”, en realidad elige entre renta vitalicia en dólares “nominales” o renta vitalicia en “soles constantes”. Sin embargo, este “detalle” no ha sido adecuadamente difundido. Un ejemplo simple: si alguien se hubiera jubilado hace 6 años con una pensión de 100 dólares (nominales), bajo la modalidad de renta vitalicia, hoy seguiría recibiendo 100 dólares. Sin embargo, hoy sus 100 dólares comprarían casi 16% menos que hace 6 años, inclusive si se hubiera ido a vivir a EEUU (¿?) sus 100 dólares comprarían 17% menos. En cambio, si se hubiera jubilado con una pensión de 350 soles (constantes), bajo la misma modalidad de renta vitalicia, hoy recibiría 350 * ( 1 + 13%) = 396 soles porque la inflación acumulada en esos 6 años ha sido de casi 13%.

Esta “libertad de elección” se vuelve cada vez más peligrosa debido a que la decisión impactará negativamente en la futura calidad de vida de los pensionistas de manera proporcional al continuo incremento en la esperanza de vida (¿paradójico?). Según el INEI, la esperanza de vida de los nacidos en el sector urbano en el quinquenio 1990-1995 es de 70.3 años y en el quinquenio 2000-2005 de 72.1 años, mientras que para los que nazcan en el quinquenio 2010-2015 sería de 74.2 años. Este incremento de años de vida implica un obvio incremento de los años de pensionables en la jubilación (sin que se incrementen los años de aporte previstos). Los incrementos son mucho mayores si se “descrema” la población del SPP: a mayor nivel económico, mayor esperanza de vida. Si el sector urbano se reduce al Callao, la esperanza de vida es 5 años más, en promedio.

Por ello no es irrelevante preguntarse ¿cuánto menos comprará una pensión fija en dólares 20 años después? Si la inflación promedio fuera de apenas 2.5% anual, que es la inflación promedio de los últimos 10 años en los EEUU y es la meta inflación en el Perú desde hace varios años, en 20 años la inflación acumulada sería de 63.9%. Es decir, si un jubilado empezara recibiendo una pensión de jubilación con capacidad de compra de 100 dólares, luego de 20 años sus 100 dólares (nominales) sólo podrían comprar el equivalente a ¡36.1 dólares! Este peligro no existe con la pensión en “soles”, en soles constantes. Al cabo de esos 20 años su pensión se habría ido reajustando, de 350 soles a 574 soles, lo cual le permitiría seguir comprando lo mismo cada año.

Finalmente, esta decisión individual también tiene consecuencias de carácter sistémico. No sólo se trata de juegos individuales de suma nula, donde unos pueden ganar gracias a la mala decisión de otros, sino que también se induce una mayor demanda por instrumentos en dólares en el mercado de capitales, lo cual aumenta la dolarización financiera, un juego de clara suma negativa para la economía: ¿por qué el sistema permite esto?